Libertad para las seis personas detenidas en el entorno de una ocupación y que se encuentran desde el 17 de febrero en prisión preventiva en Sevilla I.

A mediados de febrero se produjo la ocupación de algunas viviendas vacías de un edificio en Sevilla. El viernes 16 después de algunos enfrentamientos con  los propietarios que los querían desalojar, acudió la policía nacional y se produjo su desalojo, no exento de violencia, que alcanzó también a personas que se habían acercado al lugar interesadas por el hecho. Como resultado, seis personas fueron detenidas y  al día siguiente fueron enviadas a prisión.

Al margen de los sucesos que desembocaron en las posteriores detenciones, la prisión preventiva, definida como una medida excepcional, es desproporcionada. No existe riesgo de fuga, la mayoría carecen de recursos económicos; no hay pruebas a destruir; no hay riesgo alguno para las supuestas víctimas (los policías/propietarios); se vulnera su presunción de inocencia.

La prisión preventiva, utilizada de esta forma, es una vuelta de tuerca más contra los activistas sociales y las personas pobres, al amparo de la “Ley Mordaza” contra los Derechos y Libertades. La extremada dureza de la medida parece más un mensaje disuasorio para quienes puedan plantearse cuestionar el derecho a la propiedad ociosa y especulativa y a los que denuncian la violación del derecho al uso de la vivienda.