Me llamo Loueila Mint al Mamy y soy saharaui. Llevo 23 años viviendo en España, aquí en Canarias he hecho mi vida, he pagado todos mis impuestos y cursé todos mis estudios de Derecho para ser abogada. Actualmente, como letrada represento a varias personas migrantes que como yo, tienen que invertir mucho tiempo y también dinero para conseguir que sus solicitudes para acceder a la nacionalidad española sean atendidas. Se trata de un proceso lento y complejo para que las personas que cumplen todos los requisitos puedan reclamar a la Administración todos los derechos que otorga la nacionalidad. 

Hay miles de expedientes atascados a pesar de que desde 2015 el Real Decreto Ley 1004/2015 estableciera un plazo máximo de un año para resolver cada solicitud desde que este se registra. Pero la realidad es bien distinta y estos procesos se pueden eternizar por diversos motivos. Detrás de cada trámite hay una persona, con su historia y sus dificultades para llevar adelante un proyecto de vida. 

Una de esas personas soy yo misma. Nací en el Sáhara y nuestra comunidad tiene aún más dificultades para ver reconocidos nuestros derechos por ser un territorio cuya soberanía muchos países no reconocen. Somos más de 700.000 personas con el estatus de apátridas, atrapados en un limbo legal a pesar de que el Sáhara fue hace no mucho una colonia española.

He construido mi vida en Canarias, formándome para ser abogada y realizando el máster de acceso a la abogacía. Cumplo todos los requisitos para acceder a la nacionalidad española y estoy perfectamente integrada aquí pero desde noviembre de 2017, cuando presenté mi trámite para acceder a la nacionalidad, sigo sin una resolución favorable. Es una situación que llega a ser desesperante y muy frustrante en la que he invertido mucho emocionalmente.

Como abogada he podido desatascar algunos expedientes de mis clientes presentando recursos, incluso a familiares míos que ya tienen concedida la nacionalidad. Pero mi caso sigue sin resolución definitiva a pesar de mis intentos para solucionarlo. En septiembre del 2020 decidí reactivar mi ‘pelea’ para saber qué pasa con mi expediente y tras varias peticiones para que aportara de nuevo documentación en junio de este año pude presentar una demanda demostrando que cumplo todos los requisitos y reclamando una resolución tras años de espera. En septiembre me llegó una contestación de la Abogacía del Estado que hice pública hace algunas semanas tras mucho pensarlo.

El escrito dice que no he acreditado los requisitos legales de permanencia ni el suficiente grado de integración en la sociedad española. ¿Cómo puede ser? Desde el año 1999 tengo mi residencia acreditada aquí, que más prueba de integración puedo aportar si el recurso lo he presentado yo mismo como abogada ya colegiada. ¿Es esta negativa otra muestra más del caos y la pasividad de la Administración a la hora de tramitar la nacionalidad española a extranjeros? ¿Hay alguna intencionalidad por haberme significado por la causa saharaui? Cualquiera de las dos opciones es inaceptable y por eso he difundido mi caso.

Bastaría con que la Administración cumpla con los plazos que ella misma se impuso para resolver los expedientes. Por eso quiero lanzar esta petición para que los miembros del Congreso de los Diputados se posicionen y respondan a esta situación, similar a la de muchos migrantes en nuestro país. Firma y comparte esta petición para lograrlo.