Tengo 67 años y soy pensionista. Hace más de veinte años compré un solar que nunca fue un bien especulativo, sino un proyecto de vivienda familiar que no llegó a realizarse.

En 2025, por circunstancias familiares lo he vendido para intentar comprar una vivienda propia, pero por esta venta se me exige pagar casi de un tercio de dicho valor entre IRPF y plusvalía municipal, pese a que mi patrimonio es muy escaso y carece de liquidez, y a que:

No se corrige el valor de adquisición por inflación.

No se distingue entre ventas por necesidad y operaciones especulativas.

No se tiene en cuenta la edad ni la capacidad económica real del contribuyente.

En la plusvalía municipal, el incremento de valor no deriva de inversiones del Ayuntamiento.

La eliminación en 2014 de los coeficientes de actualización y abatimiento ha provocado una tributación desproporcionada para muchas personas, sobre todo mayores, contraria al principio de capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución.

En otros países, como Francia, las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de un inmueble se gravan de forma mucho más proporcional:

Inmuebles poseídos más de 22 años están totalmente exentos.

Para inmuebles con menos tiempo de tenencia, existen reducciones progresivas por cada año.

Existen beneficios adicionales para personas mayores de 65 años con ingresos modestos.
Además, no existe un impuesto equivalente a la plusvalía municipal española, de modo que no se penaliza la mera titularidad de un bien ni se grava un valor acumulado durante décadas, mientras que aqui los criterios de imposición de este tributo van a depender del ayuntamiento en que tengas el inmueble; lo que es totalmente injusto pues en función de eso vas a pagar más o menos.

Esto demuestra que es posible un sistema fiscal que respete la capacidad económica real y no penalice a quienes venden propiedades por necesidad.

Solicito que se estudie la posibilidad de adaptar criterios tributarios de justicia y equidad que tengan en cuenta no sólo la edad, sino también los ingresos, el patrimonio y la finalidad de la venta, evitando cargas confiscatorias sobre pensionistas y personas vulnerables .

¿Tiene previsto el Congreso impulsar reformas que permitan exenciones, reducciones o condonaciones fiscales en casos de venta por personas vulnerables?