El día que enterramos a Isabel, nuestra hija cumplía 17 años. Llevaba más de dos años luchando contra la anorexia. Durante ese tiempo advertimos en numerosas ocasiones de su empeoramiento, de su conducta autodestructiva y de la profunda depresión que sufría. Ella misma pidió ayuda. Cumplía todos los requisitos para ser ingresada de urgencia, pero no se actuó en consecuencia ni se cumplieron los protocolos de prevención del suicidio.

Tres días después de su última visita, Isabel se escapó por la ventana de un segundo piso y se precipitó al vacío. En nuestra opinión, no se hizo todo lo posible. Isabel no tuvo la oportunidad de mejorar debido a una atención insuficiente.

La asistencia pública en salud mental es claramente deficiente. Faltan profesionales, recursos y estructuras capaces de responder a la gravedad de muchas situaciones. Desbordados por el empeoramiento de Isabel, acudimos también a centros privados, que estaban igualmente saturados, con listas de espera de entre seis y ocho semanas solo para una primera consulta.

Hoy nadie nos devolverá a Isabel. Pero sí queremos evitar que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que estamos viviendo. Que ninguna otra persona tenga que enfrentarse a la desesperación de no encontrar un lugar donde ser tratada, donde ser cuidada, donde tener una oportunidad real de recuperación.

Casos como el de Mayte reflejan que esta situación sigue ocurriendo hoy. Mayte es una chica joven que a día de hoy lucha contra un trastorno de la conducta alimentaria. Actualmente está ingresada en una clínica privada situada a casi 600 kilómetros de su casa, lejos de su familia, porque no ha encontrado una alternativa pública cercana con los recursos necesarios. Su situación pone de manifiesto la falta de unidades especializadas y cómo muchas familias se ven obligadas a separarse y asumir enormes cargas emocionales y económicas para poder acceder a un tratamiento.

Por eso iniciamos esta campaña en Valencia, con la firme convicción de que llegaremos donde sea necesario, porque este problema es nacional. La salud mental sigue siendo la gran olvidada y los recursos actuales son claramente insuficientes.

En la Comunidad Valenciana existen únicamente 11 camas públicas para personas con trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en el Hospital La Fe de Valencia. En España hay comunidades autónomas sin ninguna unidad especializada en TCA, como Euskadi o Canarias.

Nuestra petición al Ministerio de Sanidad y a la Conselleria de Sanidad es clara:

1. Duplicar la capacidad de ingreso en unidades públicas de TCA, dotándolas de recursos y personal suficiente, y garantizando un seguimiento continuado tras el alta. 
2. Establecer como obligatorio el cumplimiento del protocolo de prevención de la conducta suicida, con formación adecuada para profesionales e información para el entorno de las personas afectadas. 
3. Incorporar especialistas en psicología y psiquiatría en los servicios de urgencias hospitalarias como una especialidad más, porque la salud mental no entiende de horarios. 
4. Gestionar de forma más eficiente los recursos existentes. 
5. Impulsar un Plan Nacional de Salud Mental y lucha contra el suicidio. Las cifras son estremecedoras: 12 personas al día.

El problema es enorme y no puede seguir ignorándose. Es imprescindible reforzar las unidades de salud mental con más medios y profesionales, especialmente especializados en infancia y adolescencia. Es urgente formar e informar sobre los protocolos de prevención del suicidio, y hacerlo de manera efectiva.

Pero también es fundamental apostar por la prevención: invertir en salud mental de forma estructural, accesible y continua, acompañando a todas las personas que están en proceso de enfermedad. Cuidar antes de que sea tarde, detectar a tiempo, intervenir con recursos suficientes y humanos preparados. La prevención salva vidas.

Es urgente. Debemos evitar más tragedias.

Gracias por vuestro apoyo.