Pregunta para Congreso de los diputados
Los estudios completos de fertilidad deben ser obligatorios antes de iniciar cualquier tratamiento de reproducción asistida, no después de someternos a ciclos fallidos. ¡Cambiar el protocolo es un acto de justicia reproductiva!
En 2021, con 39 años, decidí que había llegado el momento de buscar un embarazo. Pasaban los meses y no ocurría, así que en el centro de salud me recomendaron realizarme un estudio de fertilidad. Los resultados fueron excelentes; aparentemente, todo estaba bien. Sin embargo, ya habían transcurrido unos ocho meses desde que empezamos a intentarlo y el embarazo no llegaba.
En el Hospital de Getafe, la ginecóloga me recomendó esperar un poco más, aunque me adelantó que, si no obteníamos resultados, podríamos valorar la opción de una fecundación in vitro (FIV). Debido a mi edad, finalmente decidimos acudir a una clínica privada —Fertility Center, en HM Montepríncipe—, donde me sometí a una FIV. Me transfirieron un embrión catalogado como “no informativo”, ya que la DGP realizada en el laboratorio había fallado y no lograron identificar el núcleo del ADN. Previamente, habían descartado otros dos embriones de calidad D, que ni siquiera fueron sometidos a DGP. Todo esto ocurrió en diciembre de 2022.
Más adelante, probamos en otra clínica privada. Realizamos tres inseminaciones artificiales, pero ninguna tuvo éxito. Mientras tanto, conseguí una cita con la que hoy es mi ginecóloga actual. Fue ella quien me trazó un plan claro y me recomendó acudir a un inmunólogo (de Ruber Internacional) y a una hematóloga (del Hospital Montepríncipe), ambos especialistas en reproducción, fallos de implantación y abortos de repetición.
Me solicitaron varias pruebas, y justo unos días antes de una FIV programada en el Hospital 12 de Octubre, llegaron los resultados de una analítica que mostraba algunas alteraciones. Me diagnosticaron trombofilia, una condición relacionada con la coagulación y la circulación sanguínea que puede causar complicaciones tanto en el embarazo como en el desarrollo fetal. A partir de ese momento, el inmunólogo me recetó Adiro, un tratamiento que comencé antes de la transferencia, aunque las ginecólogas del hospital consideraban que no había evidencia de que funcionara.
Al contrario de lo que habían hecho en la primera FIV, transfirieron dos embriones de calidad D, aunque según la doctora, “era imposible que implantaran”. Sin embargo, 14 días después, para nuestra sorpresa, el test de embarazo dio positivo: ambos embriones se habían implantado. En la primera ecografía comprobamos que los dos tenían latido, aunque perdimos a uno en la semana ocho de gestación. Mi hijo nació en febrero de 2024.
En este punto, me gustaría subrayar que, en lo referente a la calidad embrionaria, no siempre puede afirmarse que un embrión esté “bien” o “mal” solo porque sus células parezcan más o menos “bonitas”. Tal vez deberíamos considerar la posibilidad de dar una oportunidad a todos los embriones. Además, inicialmente nos presentaron el DGP como un proceso inofensivo, pero más adelante reconocieron que la congelación, la descongelación y la biopsia generan estrés en el embrión y conllevan el riesgo de que algunos no sobrevivan a estos procedimientos.
Pocos meses después de que naciera nuestro primer hijo nos casamos y, en septiembre de 2024, volví a quedarme embarazada, esta vez de forma natural y continuando con el Adiro. Por desgracia, perdí ese embarazo a las nueve semanas. Seguimos intentándolo, con nuevas pruebas, médicos y otra FIV en mayo, aunque solo lograron extraerme cuatro óvulos. Nos dijeron que, dada mi edad, quizá era momento de dejarlo.
Pero la vida tenía otros planes. En agosto de 2025 volví a quedarme embarazada de manera natural. Esta vez estoy siguiendo tratamiento con Heparina, Adiro, Salazopirina y Prednisona, y todo está evolucionando bien.
Impulso esta campaña con un propósito claro: pedir que los estudios completos de fertilidad sean una parte obligatoria del protocolo antes de iniciar cualquier tratamiento de reproducción asistida. Las mujeres no deberíamos someternos a ciclos fallidos para que, luego, se investiguen las causas. Si mi testimonio puede servir para impulsar ese cambio, me sentiré plenamente satisfecha. Considero que la Seguridad Social y las clínicas privadas deberían adoptarlo como norma. Así, ganaríamos en ciencia, empatía y justicia reproductiva.