DEL CONGRESO DE LOS PARTIDOS AL CONGRESO DE LA CIUDADANÍA

MANIFIESTO FUNDACIONAL DE LA PLATAFORMA DEMOCRACIA REAL Y REPRESENTATIVA

Por una reforma de las reglas del juego democrático, una representación verdaderamente responsable y unas instituciones al servicio de la ciudadanía

PREÁMBULO

Nosotros, ciudadanos libres e independientes, procedentes de distintas sensibilidades, territorios y convicciones, unidos exclusivamente por nuestra defensa de la democracia constitucional y de la soberanía popular, constituimos la Plataforma Democracia Real y Representativa.

No nacemos para conquistar el poder.

No nacemos para sustituir una sigla por otra.

No nacemos para defender una ideología frente a otra.

Nacemos para reclamar que las reglas mediante las cuales se ejerce el poder sean verdaderamente democráticas, transparentes, equilibradas y responsables ante la ciudadanía.

España es una democracia constitucional.

La soberanía nacional reside en el pueblo español.

Las Cortes Generales representan al conjunto de los ciudadanos.

Los partidos políticos son instrumentos fundamentales de participación política.

Pero ningún instrumento puede convertirse en un fin en sí mismo.

Ninguna organización política debe situarse por encima de las instituciones.

Ninguna estructura partidista debe sustituir la voluntad democrática de los ciudadanos.

Ningún cargo público debe olvidar que el poder que ejerce no le pertenece.

El poder público es delegado.

La representación es temporal.

El cargo es una responsabilidad.

Y la soberanía pertenece a la ciudadanía.

Por ello declaramos nuestra voluntad de impulsar una profunda reforma de las reglas de representación política en España.

Una reforma democrática, constitucional, pacífica y transversal.

Una reforma que devuelva al ciudadano el protagonismo que nunca debió perder.

I. LA DEMOCRACIA NO TERMINA EL DÍA DE LAS ELECCIONES

Durante décadas hemos aceptado como normal una distancia cada vez mayor entre representantes y representados.

El ciudadano deposita su voto.

Los partidos confeccionan sus candidaturas.

Los grupos parlamentarios organizan la actividad de las Cámaras.

Y, una vez constituidas las instituciones, el ciudadano puede encontrarse con enormes dificultades para identificar al diputado concreto que lo representa, conocer personalmente sus compromisos o exigirle responsabilidades políticas individuales.

Esta situación no constituye necesariamente una vulneración formal de la Constitución.

Pero sí plantea una cuestión democrática de primer orden:

¿Puede existir una representación política plenamente satisfactoria cuando el ciudadano apenas dispone de mecanismos para identificar, controlar y evaluar individualmente a su representante?

Nuestra respuesta es clara:

la democracia española puede y debe mejorar.

No basta con defender que nuestro sistema es formalmente democrático.

Debemos preguntarnos permanentemente si funciona de la mejor manera posible.

Porque una democracia digna de ese nombre no debe limitarse a permitir que los ciudadanos elijan.

Debe permitir también que los ciudadanos conozcan, vigilen, evalúen y exijan responsabilidades a quienes han elegido.

II. CONTRA LA PARTIDOCRACIA, A FAVOR DE LA DEMOCRACIA

La existencia de partidos políticos es inseparable de la democracia moderna.

No cuestionamos su legitimidad.

No cuestionamos su necesidad.

No cuestionamos su papel constitucional.

Cuestionamos otra cosa:

la concentración excesiva de poder político dentro de estructuras partidistas que puede llegar a debilitar la autonomía efectiva de los representantes y la relación directa entre estos y los ciudadanos.

Cuando el acceso a las listas depende de una organización.

Cuando la continuidad política depende de una organización.

Cuando la promoción dentro de una institución depende de una organización.

Cuando la actividad parlamentaria se articula alrededor de una organización.

Existe el riesgo de que el representante termine respondiendo políticamente antes ante quien decide su futuro dentro del partido que ante quienes depositaron su confianza en las urnas.

Ese riesgo debe ser corregido.

No mediante la destrucción de los partidos.

Sino mediante el fortalecimiento del ciudadano.

No queremos menos democracia partidista.

Queremos más democracia ciudadana.

III. EL DIPUTADO NO ES PROPIEDAD DE NINGÚN PARTIDO

La Constitución establece que los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo.

Este principio debe ser respetado y protegido.

Un diputado no es jurídicamente propiedad de su partido.

No es propiedad de su grupo parlamentario.

No es propiedad de su dirección.

Y tampoco es propiedad de una circunscripción concreta.

Es un representante público sometido a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

Por ello defendemos que las reglas parlamentarias y las prácticas políticas deben favorecer que los diputados puedan ejercer sus funciones con libertad, responsabilidad y transparencia.

La disciplina parlamentaria puede ser legítima como mecanismo de organización interna.

Pero no debe convertirse en una forma de subordinación absoluta.

La coordinación política es compatible con la libertad parlamentaria.

La obediencia ciega no puede confundirse con representación.

Un representante debe poder explicar públicamente por qué vota.

Y el ciudadano debe poder conocer cómo vota.

IV. EL CIUDADANO DEBE PODER ELEGIR PERSONAS

Proponemos abrir un debate nacional sobre la transformación del sistema electoral.

No defendemos dogmáticamente una única fórmula.

Defendemos un principio:

El ciudadano debe tener una capacidad mucho mayor para elegir directamente a las personas que han de representarlo.

Por ello proponemos estudiar seriamente:

1. Listas abiertas

Que el ciudadano pueda seleccionar candidatos individualmente.

2. Distritos electorales uninominales

Que determinados representantes sean elegidos directamente por los ciudadanos de un distrito.

3. Sistemas electorales mixtos

Que combinen representación territorial directa con mecanismos que preserven la proporcionalidad y el pluralismo.

La reforma deberá respetar la igualdad del voto, la pluralidad política y las garantías constitucionales.

No queremos un sistema diseñado para favorecer a un partido.

Queremos un sistema diseñado para favorecer al ciudadano.

V. UNA NUEVA CULTURA DE REPRESENTACIÓN

Proponemos que todo candidato al Congreso pueda presentarse ante sus electores no solamente con las siglas de su partido, sino también con:

su identidad;

su trayectoria;

sus compromisos;

sus principios de actuación;

sus criterios de integridad;

sus posiciones públicas.

El ciudadano debe poder evaluar posteriormente si ese representante cumplió o no aquello que había defendido.

No pretendemos convertir el mandato parlamentario en un contrato jurídico individual.

La Constitución no establece ese modelo.

Pretendemos algo distinto:

crear una cultura política de responsabilidad pública.

VI. SEPARACIÓN REAL DE PODERES

Una democracia no puede depender exclusivamente de quién ocupa el Gobierno.

Debe depender de la fortaleza de sus instituciones.

La separación de poderes no puede ser únicamente una declaración constitucional.

Debe percibirse en el funcionamiento cotidiano del Estado.

Por ello defendemos:

mayor independencia de las instituciones de control;

procedimientos transparentes de nombramiento;

criterios objetivos de mérito y capacidad;

reducción de la influencia partidista en los órganos constitucionales;

publicidad de los acuerdos y criterios de selección;

incompatibilidades estrictas;

rendición de cuentas institucional.

Especialmente, defendemos una reforma del sistema de gobierno del Poder Judicial.

Los jueces deben poder ejercer su función sin recibir instrucciones de los partidos políticos.

El órgano de gobierno de los jueces debe disponer de garantías suficientes de independencia.

Cualquier reforma deberá respetar la Constitución y los estándares europeos de independencia judicial.

Pero el principio es irrenunciable:

La justicia no puede convertirse en un territorio de reparto partidista.

VII. NI PRIVILEGIOS NI IMPUNIDAD

La ciudadanía tiene derecho a exigir que quienes ejercen responsabilidades públicas estén sometidos a estándares especialmente elevados de transparencia e integridad.

Proponemos avanzar hacia:

reducción de los aforamientos al mínimo constitucionalmente necesario;

transparencia patrimonial;

publicidad de intereses;

control de incompatibilidades;

transparencia de agendas;

publicidad de reuniones con grupos de interés;

control de gastos públicos;

trazabilidad de la contratación;

protección efectiva de denunciantes de corrupción;

controles independientes;

sanciones efectivas ante incumplimientos.

No porque los políticos sean menos ciudadanos.

Sino precisamente porque quienes ejercen poder público administran recursos y competencias que pertenecen a todos.

A mayor poder, mayor responsabilidad.

VIII. EL DERECHO A SABER

La transparencia no puede ser un gesto voluntario.

Debe ser una obligación institucional.

Toda persona debe poder conocer de manera sencilla:

Quién decide.

Qué decide.

Cómo decide.

Con quién se reúne.

Qué intereses declara.

Qué vota.

Qué recursos públicos utiliza.

Qué responsabilidades asume.

La información pública debe estar diseñada para ser comprendida por ciudadanos normales, no solamente por especialistas.

Porque una información inaccesible no es transparencia real.

IX. RESPONSABILIDAD Y REVOCACIÓN: UNA CUESTIÓN QUE DEBE ABORDARSE CON RIGOR

Defendemos la apertura de un debate constitucional sobre mecanismos excepcionales de revocación o pérdida anticipada de determinados mandatos representativos.

No queremos convertir la política en una sucesión permanente de campañas electorales.

No queremos que la revocación sea utilizada como instrumento de persecución política.

Pero tampoco aceptamos que la ciudadanía carezca absolutamente de instrumentos para responder ante conductas extraordinariamente graves.

Cualquier mecanismo de esta naturaleza debería contar con:

causas previamente establecidas;

garantías jurídicas;

procedimientos transparentes;

control independiente;

requisitos de activación elevados;

protección frente al abuso;

respeto al pluralismo político.

La estabilidad institucional y la responsabilidad democrática no son conceptos incompatibles.

La verdadera democracia debe ser capaz de encontrar el equilibrio entre ambos.

X. NUESTROS PRINCIPIOS FUNDACIONALES

La Plataforma Democracia Real y Representativa declara los siguientes principios:

PRIMERO

Defendemos la Constitución y el Estado de Derecho.

SEGUNDO

Defendemos la soberanía popular y la igualdad política de todos los ciudadanos.

TERCERO

No somos una organización partidista.

CUARTO

No defendemos ninguna ideología económica, social o territorial concreta.

QUINTO

No apoyamos ni rechazamos a ningún partido por razón de su ideología.

SEXTO

Evaluamos las instituciones por sus reglas, procedimientos y resultados democráticos.

SÉPTIMO

Defendemos la independencia efectiva de los poderes del Estado.

OCTAVO

Defendemos una mayor relación entre electores y representantes.

NOVENO

Defendemos la máxima transparencia de las instituciones públicas.

DÉCIMO

Rechazamos cualquier forma de violencia, intimidación, coacción o persecución política.

UNDÉCIMO

Defendemos que cualquier reforma se realice mediante procedimientos constitucionales, legales, pacíficos y democráticos.

DUODÉCIMO

Consideramos que la democracia debe estar permanentemente abierta a su propia mejora.

XI. HOJA DE RUTA CIUDADANA

La reforma que proponemos no puede depender exclusivamente de la voluntad de una organización.

Debe nacer de la sociedad.

Por ello proponemos una hoja de ruta en seis etapas.

FASE 1 — INFORMAR

Difundir de manera clara y rigurosa el funcionamiento actual de las instituciones y las alternativas posibles.

FASE 2 — DEBATIR

Abrir el debate a juristas, politólogos, profesores, funcionarios, asociaciones y ciudadanos.

FASE 3 — REDACTAR

Convertir las propuestas generales en textos jurídicos concretos.

Cada propuesta deberá indicar expresamente:

qué norma afecta;

qué artículo debe modificarse;

qué procedimiento jurídico requiere;

qué efectos produciría;

qué garantías incorpora.

FASE 4 — MOVILIZAR

Articular una movilización ciudadana pacífica, descentralizada y plural.

No se exigirá a nadie abandonar sus convicciones.

Se pedirá únicamente defender unas mejores reglas democráticas.

FASE 5 — EXIGIR POSICIONAMIENTOS

Solicitar públicamente a los representantes políticos que manifiesten su posición sobre cada reforma.

No mediante amenazas.

No mediante insultos.

No mediante campañas personales.

Mediante una pregunta sencilla:

¿Está usted dispuesto a apoyar una reforma que incremente la capacidad de los ciudadanos para elegir, conocer y controlar a sus representantes?

FASE 6 — SEGUIR Y EVALUAR

Registrar públicamente las posiciones de las instituciones y representantes.

Comparar las promesas con las actuaciones.

Informar a la ciudadanía.

Y mantener abierta la movilización democrática hasta conseguir un debate institucional real.

XII. UNA MOVILIZACIÓN SIN SIGLAS

Esta Plataforma no necesita banderas partidistas.

Necesita ciudadanos.

Puede participar quien vote a la izquierda.

Puede participar quien vote a la derecha.

Puede participar quien vote al centro.

Puede participar quien no se identifique con ninguna opción.

Puede participar quien esté desencantado.

Puede participar quien jamás haya participado políticamente.

Porque esta iniciativa no pregunta:

«¿A quién votas?»

Pregunta:

«¿Qué democracia quieres?»

Ese debe ser nuestro punto de encuentro.

XIII. NO SOMOS CONTRA NADIE

No somos contra los jueces.

No somos contra los diputados.

No somos contra los partidos.

No somos contra el Gobierno.

No somos contra la oposición.

No somos contra ninguna ideología.

No somos contra ninguna institución constitucional.

Somos contra cualquier práctica que debilite la representación, la transparencia, la independencia institucional o la responsabilidad democrática.

Y si mañana una reforma mejora esas instituciones, la apoyaremos.

Si la propuesta procede de la izquierda, la estudiaremos.

Si procede de la derecha, la estudiaremos.

Si procede del centro, la estudiaremos.

Si procede de ciudadanos independientes, la estudiaremos.

Nuestro criterio no será quién propone.

Será qué propone y qué democracia construye.

XIV. EL COMPROMISO

Nos comprometemos a mantener esta Plataforma:

independiente,

pacífica,

plural,

transparente,

constitucional,

democrática.

No utilizaremos la frustración ciudadana para alimentar el enfrentamiento.

No utilizaremos la indignación para señalar enemigos.

No utilizaremos la democracia para destruir la convivencia.

Utilizaremos la democracia para mejorar la democracia.

Porque precisamente ahí reside nuestra fuerza.

XV. LLAMAMIENTO A LA CIUDADANÍA

A quienes están cansados de elegir entre bloques.

A quienes siguen creyendo en la democracia pero desconfían de sus instituciones.

A quienes votan.

A quienes no votan.

A quienes militan.

A quienes nunca militarán.

A quienes piensan de izquierdas.

A quienes piensan de derechas.

A quienes se consideran de centro.

A quienes no se consideran de ningún lugar político.

A todos ellos les decimos:

Esta causa puede ser común.

Porque antes que nuestras diferencias políticas está nuestra condición de ciudadanos.

Antes que nuestros programas está nuestra Constitución.

Antes que nuestros partidos están nuestras instituciones.

Y antes que cualquier organización política está la soberanía popular.

XVI. EL CONGRESO DE LA CIUDADANÍA

Queremos un Congreso en el que el ciudadano pueda reconocer a sus representantes.

Un Congreso donde el diputado pueda ejercer su función con libertad y responsabilidad.

Un Congreso donde las votaciones sean transparentes.

Un Congreso donde las instituciones no sean patrimonio de las organizaciones políticas.

Un Congreso donde la discrepancia sea legítima.

Un Congreso donde el adversario político no sea un enemigo.

Un Congreso donde la rendición de cuentas sea normal.

Un Congreso donde la transparencia no sea una excepción.

Un Congreso donde la justicia sea independiente.

Un Congreso donde nadie esté por encima de la ley.

Un Congreso que recuerde permanentemente de dónde procede su legitimidad.

De los ciudadanos.

XVII. DECLARACIÓN FINAL

Ha llegado el momento de recuperar una idea sencilla que nunca debió perderse:

el Estado pertenece a los ciudadanos.

Los partidos son instrumentos.

Los cargos son temporales.

Las mayorías cambian.

Los gobiernos cambian.

Las legislaturas terminan.

Pero la ciudadanía permanece.

Por eso no reclamamos el poder.

Reclamamos el derecho a controlar democráticamente a quienes lo ejercen.

No queremos sustituir a una clase política por otra.

Queremos que ninguna clase política pueda sentirse propietaria de las instituciones.

No queremos destruir el sistema.

Queremos perfeccionarlo.

No queremos menos política.

Queremos mejor política.

No queremos menos democracia.

Queremos más democracia.

Y no queremos enfrentarnos entre españoles.

Queremos unirnos alrededor de aquello que todos deberíamos poder compartir:

unas instituciones honestas, independientes, transparentes y verdaderamente representativas.

Por eso hacemos este llamamiento.

A todos los ciudadanos.

Sin distinción de ideología.

Sin distinción territorial.

Sin distinción social.

Sin distinción partidista.

DEL CONGRESO DE LOS PARTIDOS AL CONGRESO DE LA CIUDADANÍA.

POR UNA REPRESENTACIÓN MÁS DIRECTA.

POR UNAS INSTITUCIONES MÁS INDEPENDIENTES.

POR UNA JUSTICIA MÁS IMPARCIAL.

POR UNA POLÍTICA MÁS TRANSPARENTE.

POR UNOS REPRESENTANTES MÁS RESPONSABLES.

POR UNA DEMOCRACIA MÁS PARTICIPATIVA.

PORQUE LA SOBERANÍA NO PERTENECE A LOS PARTIDOS.

PERTENECE A LA CIUDADANÍA.

PLATAFORMA DEMOCRACIA REAL Y REPRESENTATIVA

Manifiesto Fundacional

Ciudadanos independientes unidos por la defensa y mejora de las reglas de nuestra democracia.