Establecer un estándar medioambiental sin formación ni conocimiento adecuado hace casi imposible que una empresa identifique a quién afecta con sus decisiones. Debería existir siempre un porcentaje destinado a la protección ambiental, de la misma manera que se asigna un porcentaje fijo para impuestos.

En el ámbito de los impuestos verdes, quienes trabajamos en el área entendemos que estos instrumentos existen, pero los empresarios —sobre todo los pequeños— generalmente desconocen cuánto deben invertir para proteger su entorno y alinear su operación con la sostenibilidad. Paradójicamente, quienes mejor conocen el territorio son ellos y sus trabajadores; sin embargo, aunque exista la intención, no cuentan con un mecanismo que indique qué porcentaje asignar al componente ambiental antes de invertir en todo su proyecto, desglosado por actividad o impacto. A gran escala esto se gestiona con estudios y consultorías, pero los pequeños no tienen cómo acceder a educación ambiental práctica y aplicable.

¿Cómo ayudarlos?
Propongo establecer un protocolo previo al inicio de cualquier proyecto, que incluya:

1. Concientización ambiental básica obligatoria para emprendedores y pequeñas empresas.

2. Un porcentaje mínimo recomendado de inversión ambiental, proporcional al tipo de actividad.

3. Guías simplificadas por rubro, que indiquen las medidas ambientales esenciales antes de operar.

4. Un mecanismo de acompañamiento, financiado parcialmente por el Estado o los mismos impuestos verdes.