Trabajaba en una ONG desde hacía siete años, en coordinación con despachos y hospitales. Durante la pandemia de COVID-19, como personal esencial, me vacunaron con AstraZeneca. La primera dosis me sentó mal, pero la segunda fue devastadora. Desde entonces, mi vida cambió por completo.

Comencé a sufrir una fatiga extrema, dolores generalizados, mialgias, cefaleas persistentes y acúfenos. Síntomas que, en muchos casos, se han relacionado con las vacunas contra la COVID-19, aunque cada persona presenta sus propias peculiaridades. Empezaron las derivaciones médicas, las pruebas, las consultas… y durante dos años, todo se reducía a una misma conclusión: ansiedad. Un diagnóstico recurrente, especialmente entre mujeres, a quienes nos afecta con más frecuencia este tipo de reacciones, pero que muchas veces somos derivadas directamente al ámbito de la salud mental.

No fue hasta acudir al sistema privado cuando se detectaron lesiones cerebrales. Se confirmó una afectación neurológica más intensa de la que normalmente se presenta en hombres, quienes tienden a desarrollar más casos de trombos. Muchas mujeres, como yo, aún siguen sin diagnóstico o sin un reconocimiento claro.

A día de hoy tengo un diagnóstico: enfermedad de Behçet con componente neurológico, lesiones desmielinizantes en la cabeza y vasculitis, con un síntoma central: una fatiga extrema que condiciona cada aspecto de mi vida. Se ha detectado un patrón: nuevas enfermedades que comparten sintomatología y un mismo foco común, la afectación del sistema nervioso central. Perdemos muchas cosas: salud, tiempo, dinero, vida. Y lo peor, seguimos sin ser reconocidas ni escuchadas.

Varias asociaciones luchamos por visibilizar lo que estamos viviendo. Muchas fuimos vacunadas por obligación, como parte de una contingencia laboral. Y muchas estamos desarrollando enfermedades que tardan años en diagnosticarse. La divulgación es fundamental. Necesitamos que se nos escuche y se nos considere también en este contexto, porque están ocurriendo diagnósticos erróneos y se están dejando a muchas personas en el camino.

En mi caso, el INSS me dio el alta a los cuatro meses, aunque seguía gravemente enferma. Pedí una excedencia y, al volver, mi puesto ya estaba ocupado. Me quedé sin empleo, sin poder acceder al paro, sin ser despedida ni contratada. En un limbo administrativo que refleja el desamparo institucional que sufrimos. No solo no se nos reconoce, sino que quedamos fuera del sistema.

Desde que me dieron el diagnóstico, solo tengo un año para presentar una denuncia ante el Ministerio de Sanidad. Y mientras tanto, sigo con seguimiento médico constante. Pero lo que se pierde por el camino es muchísimo. El INSS no valora estos casos como debería; no hay un protocolo, ni parámetros claros, ni siquiera un código numérico para identificar estas enfermedades. No se investiga ni se reconoce su origen como posible consecuencia laboral.

A nivel humano, esto es terrible. No solo por el sufrimiento físico, sino por la soledad, la incomprensión y el abandono. Seguimos luchando, porque no podemos permitir que se siga silenciando lo que está ocurriendo.