Las autoridades nacionalistas que ejercen cargos públicos en Cataluña vulneran los deberes de neutralidad y objetividad de las instituciones públicas mediante la colocación de propaganda y símbolos independentistas en edificios y espacios públicos, tanto a nivel de instituciones autonómicas como provinciales, comarcales y municipales, en ocasiones a costa del erario público, contra lo dispuesto en normas legales de rango estatal, autonómico y local y diversas sentencias judiciales, en especial la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 5 de julio de 2018. Tales autoridades nacionalistas no llegan a representar a la mitad de los votantes de Cataluña.

Ante esta situación, catalanes que no compartimos la ideología nacionalista, por motivos políticos o ecológicos,  dedicamos nuestro tiempo libre a realizar actos cívicos de retirada de símbolos independentistas de los espacios y edificios públicos, individualmente o en plataformas ciudadanas denominadas "brigadas de limpieza", tomando precauciones para evitar conflictos y represalias. Por realizar estos actos de civismo estamos sufriendo la represión de las autoridades nacionalistas, directamente o a través de la policía autonómica, guardias urbanas y otras policías locales. Así como el acoso y señalamiento por nacionalistas radicales.

Por todo ello, políticos del Congreso de los Diputados, pedimos responsabilidades y que nos déis una respuesta real.