Este es uno de los casos más graves sobre el uso del dinero para la formación de los trabajadores que ha habido en España.

Sobre la actuación de la Comunidad de Madrid podemos decir que:

a) Ha cometido graves irregularidades en la tramitación de los expedientes de las subvenciones: solicitudes todas ellas gestionadas por Aneri, con firmas presuntamente falsas; notificaciones a su domicilio incluso en aquellos casos en los que no se había solicitado que se notificase a las empresas de Aneri; subcontrataciones de la formación hechas por el 100% sin seguir los requisitos legales; no se crearon las comisiones mixtas de seguimiento; los expedientes de revocación se inician muy tarde respecto al periodo en el que tuvieron que hacerse las justificaciones; que se siguieron notificando al domicilio de las empresas de Aneri a pesar de conocer la situación de sus empresas y no a los de las entidades beneficiarias de la subvención; que hay reuniones entre altos cargos de la consejería y Aneri y Tezanos para intentar resolver el asunto en octubre de 2013, contactos que siguieron más adelante; que se abre la aplicación para poder justificar las subvenciones fuera del plazo ordinario y sin que exista resolución  administrativa que lo justifique;

b) No ha tenido voluntad investigadora: el PP se ha negado a la celebración de una comisión de investigación sobre este fraude en la Asamblea de Madrid. En su lugar montaron un paripé de comparecencias que evitó que viniera gente que hubiera podido dar información directa que contradijera la versión edulcorada de los altos cargos; que el Gobierno no envió la documentación solicitada por los grupos, entre ellos todos los expedientes del año 2011, ni los 60 que dijo Ignacio González que estaban afectados directamente por el caso Aneri, en una respuesta parlamentaria; qué Arturo Fernández se ha negado a comparecer para hablar de este asunto en la Asamblea de Madrid, a pesar de afectar directamente e CEIM y a Tezanos una de sus personas de máxima confianza; también me ha negado la Mesa de la Asamblea controlada por el PP el acceso a las agendas de reuniones de los cargos de la Consejería de Empleo, para saber si se reunieron con Tezanos y cuándo.

c) Tenían conocimiento previo de que otras empresas de Aneri ya habían defraudado años antes en materia de prevención de riesgos laborales; que la Directora General de Trabajo se negó a contestar a una pregunta de UPyD sobre esta cuestión, alegando que era de otra legislatura, como si el conocimiento que tiene la administración desapareciera al cambiar de legislatura.

d) No acudió a la policía en el momento en el que se tiene indicios de fraude, sino que fue la policía la que tuvo que ir a ellos. Esto ha podido ayudar a destruir pruebas o dificultar la averiguación del delito; Además, al parecer, no han podido aportar ningún acto administrativo o resolución que explique la petición de apertura de la aplicación a la Fundación Tripartita fuera de plazo para permitir que las asociaciones empresariales que subcontrataron la formación con Aneri justificaran tardíamente el cumplimiento de los cursos subvencionados.

e) Hay nepotismo y enchufismo en los nombramientos de los altos cargos de la Consejería de empleo: el viceconsejero de empleo era hijo de un diputado del PP en la Asamblea de Madrid -al poco de destaparse el escándalo lo han colocado en un puesto en el Gobierno del Estado-; la Directora General de Formación está o estuvo casada con un hijo de un alto cargo público del PP; la Directora General de Trabajo es cuñada de Francisco Granados, quien fue consejero con Aguirre, y al parecer tiene una cuenta en Suiza; varios de los jefes de área directamente afectados por el fraude eran militantes del PP y estaban en esos puestos por libres designaciones.

Asimismo, hay que recordar que Arturo Fernández tiene a la mujer de Ignacio González entre sus cargos en CEIM y que este fraude afecta directamente a organizaciones empresariales.

f) No han incrementado el control a día de hoy.

En suma, por las informaciones que tenemos y los expedientes que pude ver, es un fraude en los fondos de formación de los trabajadores de Madrid que va más allá. Las prácticas de Aneri eran copia de las que seguía Tezanos, que era la mano derecho de Arturo Fernandez en las organizaciones empresariales y la Cámara de Comercio de Madrid donde se encargaba de la formación. Unas prácticas que se pueden remontar a muchos años atrás y que no sólo afectan al año 2011 como ha pretendido dar a entender la Consejería de Empleo. Sólo han podido ser posibles por graves negligencias de la Comunidad en sus responsabilidades de gestión o porque ha existido connivencia. Creo que debería abrirse una investigación por la justicia muy amplia y que deberían ser llamados todos los altos cargos que han ido pasando por esa consejería en los últimos años para escrutar posibles responsabilidades.

Sin perjuicio de las responsabilidades penales, ya hay responsabilidades políticas que deberían haberse hecho valer. No es razonable que la directora general de formación a la que se le ha colado este fraude y cuya mala gestión ha quedado acreditada siga en el cargo. Esto sólo pasa en España.

Nosotros vamos a seguir intentando conocer la verdad con más iniciativas parlamentarias y alguna otra. Creemos que este fraude masivo sólo se entiende por los intereses de CEIM y otras organizaciones empresariales, según vayamos sabiendo más lo explicaremos adecuadamente.