Pregunta para Junta General del Principado de Asturias

Necesitamos un S.A.D. público, una evaluación de riesgos laborales eficaz, reconocimiento de enfermedades profesionales y la reducción de la edad de jubilación. ¡Las auxiliares de ayuda a domicilio somos necesarias!

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La función principal de las auxiliares de ayuda a domicilio es aportar ayuda a quien lo necesita, para hacer las principales acciones o funciones vitales en su domicilio y así retrasar los ingresos en centros institucionales de cuidado o residencias. Cuando se le concede este servicio a un/a usuario/a, la trabajadora social asigna las tareas a los que tiene derecho según su estado y sus informes médicos. En cuanto a la atención personal pueden ser tareas como asear, duchar, cambiar pañales, afeitar, vestir, hacer la cama o arreglar la habitación. Además, nos corresponden también las tareas del hogar que los/las usuarios/as no pueden realizar, como puede ser limpiar los altos, recoger lo que está a desmano, planchar, tender la ropa o poner las lavadoras. Las tareas asignadas dependen de las capacidades del/la usuario/a. 

Nos cansamos de llamar a una puerta detrás de otra durante años y que nada cambiara. La decepción nos llevó a coger unos sacos de dormir y montar un campamento frente al Ministerio de Trabajo en Madrid, para hacer llegar nuestras peticiones a la ministra de trabajo. No obtuvimos resultado, puesto que no nos recibió y tuvimos que levantar el campamento. Llevamos muchos años pidiendo la mejora de nuestras condiciones laborales para poder tener un trabajo digno y dar mejor servicio a las personas usuarias vulnerables. Sufrimos mucha parcialidad y temporalidad y tenemos contratos pésimos. Exigimos la jubilación anticipada por actividad profesional. En este momento, por ley, nos tenemos que jubilar a los 67, y movilizar a un/a encamado/a o hacer traspasos a esa edad puede ser peligroso. 

Además, no tenemos reconocimiento de enfermedades laborales. El reconocimiento del carácter profesional de una enfermedad pasa por la valoración del medio ambiente y las condiciones de trabajo, y se nos dice que no pueden entrar a un domicilio porque no se puede violar la intimidad de hogar de las personas usuarias - este argumento no es válido, puesto que nosotras entramos y también lo hace la trabajadora social o un fontanero-. Se tiene que poder solicitar un permiso al dueño/a de la casa o el/la usuario/a del servicio, para que un/a operario/a que se encarga de evaluar los riesgos laborales pueda entrar. Aun así, sabemos que a las empresas no les interesa esto, porque en un domicilio hay muchas de cosas que rectificar y se tiene que invertir mucho dinero.

El servicio se externaliza a una empresa privada por medio de adjudicaciones o concursos y la municipalización o remunicipalización del servicio es la única vía para garantizar un SAD de calidad, menor coste y mejores condiciones laborales para las trabajadoras. Las empresas privadas no miran para el beneficio del trabajador/a y usuario/a, miran por su bolsillo, les resulta un negocio jugoso en una sociedad cada vez más necesitada. Los ayuntamientos deben ser responsables de administrar y gestionar el servicio de ayuda a domicilio. 

En Asturias llevamos dos años con el convenio regulador caducado, tenemos muchas peticiones sin atender, sin que sean negociadas. Si la patronal sigue sin presentar la voluntad de mejorar nuestras condiciones laborales, no tendremos otra solución que recurrir a una huelga indefinida. Pedimos unas mejoras en que pasan por una reducción efectiva de la jornada laboral a 35 horas semanales, una subida salarial en el marco de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, el abono de los desplazamientos a los domicilios subiendo la cuantía por kilometraje - con los precios del combustible actuales, para nuestras compañeras del SAD rural se hace cada día más cuesta arriba cumplir con su trabajo y solo su voluntad hace posible que los usuarios sean atendidos-, el reconocimiento de riesgos laborales y tiempo de descanso considerado efectivo de trabajo de 30 minutos, entre otras. 

En esta sociedad envejecida tenía que ser la prioridad número uno de nuestros políticos.

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Pregunta dirigida a: Junta General del Principado de Asturias
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