En 2015 la Consejería de Educación de La Junta de Andalucía tomó la decisión calculada de crear una "novedosa" Base de Datos que, desde entonces, genera automáticamente un examen individual para cada alumno que se presenta a las POT (Pruebas libres de Obtención de Título de FP).

La parte cruenta viene justo después: el propio algoritmo "corrige" los exámenes basándose en las respuestas válidas almacenadas en la base de datos.
Esto no supondría del todo un problema si se actualizara dicha base de datos, y si las segundas correcciones solicitadas por el alumnado fueran realizadas por un docente, cosa que no sucede, ya que vuelve a ser la máquina la que vuelve a "corregir" los exámenes sin intervención humana.

Por si esto de por sí no fuese lo suficientemente grave, la Consejería de Educación (denominada actualmente Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tras sus diversas denominaciones previas) lleva desde entonces incurriendo en ilegalidad al negarse a proporcionar al alumnado las copias de sus exámenes.
Esto infringe la legislación vigente:

Y es que atendiendo a la legislación vigente del Estado Soberano Español que dictamina que toda persona que haya participado en un proceso selectivo tiene derecho a que se le entregue copia del examen (incluidos los exámenes del resto de examinados), verlo y revisarlo para poder formarse un juicio sobre la puntuación obtenida, siendo que el tribunal no puede oponerse a este derecho ya que en caso contrario causa indefensión (pudiendo en dicho caso impugnarse la nota numérica de la prueba dando lugar a la declaración de la anulabilidad de las actuaciones administrativas y a la retroacción de las mismas por no ser conforme a Derecho), tal cual lo establecen la Constitución española en el art. 105.b); los artículos 13, 35.2 y 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico; el Artículo 37 de la Ley 30/1992; así como asienta la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sentencia de 6 Junio. 2005, recurso. 68/2002; la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, Sentencia 16 de marzo de 2015, Rec.735/2014, en su Fundamento de Derecho Sexto; y la Sentencia 47/2007, de 8 de febrero, Rec.364/2006 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid, en cuyo Fundamento de Derecho Tercero se manifiesta el art. 35 de la Ley de RJA y PAC.

¿Por qué se permite a la Consejería esta afrenta contra la legislación vigente? ¿Por qué se le permite vulnerar los derechos de miles de alumnos andaluces cada año? ¿Dónde están la represalias por impedir titularse a miles de alumnos cada año?

En 2023, yo, Ana Blanes, persona autista, inicié un proceso administrativo que duró 11 meses (a punto de las POT 2024) hasta obtener las copias de mis exámenes e impugnar mis calificaciones, todo el proceso fue apoyado por la Asesoría Jurídica y el Delegado de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Almería.

Tras ello se creó un protocolo específico para la entrega de copias al alumnado de las POT, al haber sido yo la primera alumna en lograrlo desde 2015.

Pero lejos de rectificar, en 2024 el nuevo personal de la Consejería, a pesar de haberles facilitado toda la información la Delegación de Almería, decidió con alevosía proseguir transgrediendo la legislación vigente  y menoscabando nuestros derechos.
Con la poca decencia de admitirle al único alumno que se personó en Sevilla para reclamar personalmente sus exámenes (y así los obtuvo; fue el único) que no iban a proporcionarnos nunca las copias al resto del alumnado para que no obtuviésemos todas las preguntas de la base de datos.

Muy señores míos, no es culpa del alumnado que por querer la Consejería ahorrar ingentes sumas en personal docente, hayan creado un sistema absolutamente fraudulento y que por su descuido, pongan excusas como esa para seguir a infringiendo flagrantemente las leyes.

La Jerarquía Normativa es clara, están obligados a entregarnos las copias, y tenemos derecho tras ello a segundas correcciones realizadas por personal docente humano.

Si su problema es que obtengamos las preguntas de la base de datos, eliminen dicha base de datos y hagan como el resto de Comunidades Autónomas: contraten personal docente para crear y corregir los exámenes.

Están dejando a miles de personas sin poder titularse anualmente por ahorrarse los costos económicos que supondría cumplir las leyes.
Están impidiendo que las personas más vulnerables como los somos las personas discapacitadas, las madres y padres, las personas trabajadoras, a los que no podemos permitirnos titularnos a través de ninguna otra modalidad, nos están impidiendo acceder a sueldos dignos.

¿Van a seguir permitiendo esta atrocidad? No es justo que las administraciones públicas puedan salir indemnes aprovechándose de que los ciudadanos no podemos costearnos llevarlas ante los tribunales.