Los diputados españoles pueden optar a la pensión de jubilación habiendo servido durante siete años en el Parlamento, y retirarse con la pensión máxima cotizando durante doce años, cuando el resto de los ciudadanos necesitan 15 y 35 años cotizados respectivamente. Estas medidas, que fueron aprobadas para que los parlamentarios exiliados durante el franquismo optaran a una pensión pública al regresar a España, no han sido eliminadas, una vez que su propósito ha quedado desfasado