Mi nombre es María (siendo este un pseudónimo debido a que mi proceso está aún judicializado y temo las consecuencias) y soy víctima de la lentitud del sistema judicial en nuestro país. Mi proceso, en el que se encuentra un menor de por medio, empezó hace más de cinco años y a día de hoy, sigue completamente paralizado. 

A través de esta campaña quiero en un primer momento visibilizar y concienciar sobre los perjuicios que acarrea la lentitud de los procesos en las familias (padres y madres) pero muy especialmente en los niños y niñas que se encuentran de por medio.  La espera a que se resuelvan estos procesos o simplemente a que sigan adelante afecta de primera mano al menor. A nivel psicológico por la inestabilidad en su entorno durante unas edades muy críticas en su desarrollo (como lo es la adolescencia) e incluso a su integridad física al encontrarse desprotegido por el sistema judicial, no solo por su lentitud sino también por la falta de recursos en la investigación y administración, cosa que atenta directamente sobre su seguridad, especialmente cuando hay conflictos relacionados con el incumplimiento de custodia o maltrato infantil. 

Por otro lado, para las familias supone toda una pesadilla. Soportar un proceso judicial de tanta extensión es insostenible a nivel económico (debido a los gastos legales) y a nivel psicológico. En muchas ocasiones, uno de los progenitores es alejado de sus hijos durante años sin una sentencia legal de por medio. Estar en procesos de estas características te paraliza la vida. 

En definitiva, independientemente de la causa del proceso judicial, una excesiva lentitud en la resolución perjudica a todas las partes. Las vivencias relacionadas con problemas intrafamiliares, sustracción de menores, maltrato infantil, etc. son, desgraciadamente, comunes a muchas familias y por ello, la justicia debería ser una herramienta a la que los ciudadanos y ciudadanas quisiéramos acudir y no evitar. 

Esta lentitud es una realidad que afecta a miles de personas y entre ellas, a miles de niños y niñas que ven su infancia afectada. Sin embargo, parece que nadie quiere solucionar el problema. 

Por ello, con todo lo aquí plasmado, quiero dirigir esta petición a los representantes del Congreso de los Diputados, para que, por favor, nos escuchen y mejoren el tiempo de espera en los procesos judiciales y cumplan así con la Constitución en su artículo 24.2, en el que se proclama “el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas”. 

Pido desde aquí la máxima difusión y apoyo a esta campaña. ¡Gracias a tod@s!