En primer lugar, he de decir que consideramos acertada la decisión de retirar el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada redactado por el Ministerio de Justicia, ya que era un ejemplo manifiesto de que el Partido Popular  pretendía legislar para dar satisfacción a los sectores más reaccionarios de sus votantes.

Aunque parece que la rectificación se debe a meros cálculos electorales ante las cada vez más próximas elecciones, nos alegramos de que finalmente se haya retirado esta propuesta que suponía una vuelta al pasado y que ni la gran mayoría de su afiliación veía necesaria a la luz del debate hecho público en el seno de la propia formación.

Cuando EAJ-PNV votó a favor de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (popularmente conocida como ley de plazos) el  año 2010, estábamos convencidos de que,  habiendo transcurrido ya casi 25 años, era necesario una nueva regulación que evitara malas prácticas y abusos, y posibilitara a la mujer ser agente de su propia vida sin que la decisión la tomaran terceros. Apostamos por una mejor regulación basada en la realidad y buscando el mayor consenso posible entre todas las opciones políticas.

Por el contrario, el ante-proyecto de ley del Partido Popular suponía dar un paso atrás sobre todo lo acordado en esta materia y volver a abrir una cuestión que actualmente cuenta con un gran respaldo social.

Nosotros no queremos que las mujeres, ante determinadas situaciones, se vean obligadas a interrumpir su embarazo de manera clandestina creando un problema de salud donde no lo había a día de hoy. Estamos convencidos de que las restricciones que planteaba el anteproyecto no iban a terminar con los abortos. Al contrario, los hacen más injustos ya que, entre otras cosas, las personas que dispongan de recursos económicos siempre podrán acudir a lugares en que se les practique la intervención con garantías, mientras que las que no dispongan de dichos medios tendrán que recurrir a prácticas clandestinas con el consiguiente riesgo para su salud.

Por todo ello, para nosotros es fundamental promover políticas y programas dirigidos a reducir el número de embarazos no deseados; profundizar en materia de educación sexual  facilitando el acceso a información y a métodos anticonceptivos; incidir en políticas que no aumenten las diferencias entre las personas de distintos niveles socioeconómicos; incrementar medidas de apoyo a la familia, etc.

La actividad legislativa debe servir  para garantizar derechos, promover la igualdad, mejorar la vida de las personas y consensuar acuerdos para dar respuesta a las demandas reales de la sociedad y no para imponer el posicionamiento ético-religioso de los dirigentes de un partido político concreto.

En ese sentido, quiero dejar constancia de que no estoy defendiendo el aborto como tal. Si en algo coincidimos las personas militantes y simpatizantes de EAJ-PNV, es que debería ser la última opción. De ahí que no comparta las declaraciones del Sr. Munilla, en las que se acusa a los detractores del ante-proyecto de ley del PP de asumir postulados abortistas. Personalmente, creo que imponer la ética religiosa no es lo correcto. Tampoco animar a nadie a abortar.

Como representantes políticos, debemos reconocer que el aborto es una realidad en nuestra sociedad. No podemos cerrar los ojos o esconder la cabeza como el avestruz. Nos corresponde legislar y adoptar medidas encaminadas a que se produzca lo menos posible y asegurarnos de que, en caso de que una persona tenga que abortar, lo haga en unas condiciones dignas y con las máximas garantías sanitarias.