La idea de UPyD en Baleares consiste en eliminar los Consells Insulars, en especial el de Formentera (es un delirio que exista un Consell para sólo 5000 habitantes, como que existan municipios de menos de 300) y el de Mallorca (cuyas competencias se solapan en exceso con las del Govern). De la misma manera que estamos en contra de la existencia de las Diputaciones Provinciales, consideramos que cuando se crearon en la Transición las Comunidades Autónomas, no tenía sentido mantener estructuras existenten o crear otros entes junto a las CCAA, porque entonces se producen aquellas duplicidades que benefician más a los políticos que a la ciudadanía, porque multiplica la posibilidad de cargos públicos no esenciales pero dificulta las gestiones del ciudadano a la par que repercute en un aumento de los impuestos para sufragar todo el sistema. Esta medida se combinaría con nuestra propuesta de fusión de municipios (y eliminación de mancomunidades, un parche destinado a no asumir el problema existente), de manera que los consistorios grandes creados, con mayores recursos a su disposición, asumirían la mayor parte de competencias que dejarían libres los Consells (sólo en algunos casos esta redistribución quedaría en manos del Govern). Eso sucedería especialmente con Ibiza, Formentera y Menorca. De nuevo, lo que intenta UPyD es devolver al ciudadano aquello que la clase política le ha arrebatado, con la burda excusa de que estaba sirviendo al 'interés público'. Al contrario, la partitocracia ha encontrado en los Consells un filón donde arraigar su parasitismo, mientras que el ciudadano no obtenía beneficio alguno, más allá de una simbología estéril que no podía darle un servicio real. Los beneficios obtenidos con esta medida tendrían que ver con una mayor eficiencia y optimización de recursos, una bajada de los impuestos y un ahorro (juntando fusión de municipios y eliminación de los Consells) de unos 267 millones de euros cada año.

En la defensa del modelo de Estado federal (simétrico e igualitario), desde UPyD consideramos que los niveles administrativos deben limitarse a Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, según los principios de idoneidad constitucional, economías de escala, eficiencia y subsidiariedad. Cada administración ejerce y es responsable de un conjunto claro de competencias que deben ser las que “haga mejor”, es decir, las más adecuadas a su capacidad material y función política. En el reparto competencial, como en el legislativo, prevalecerá el principio de prioridad federal: la aprobación de una norma o competencia federal deroga automáticamente la legislación o competencia de orden inferior; la financiación se regirá por el principio de responsabilidad fiscal: los entes administrativos recaudan e invierten su parte de la recaudación tributaria, más las transferencias de fondos federales que les correspondan.

En el proceso de disolución de los Consells, sucedería exactamente lo mismo que con el caso de la fusión de municipios: los funcionarios no se verían afectados, porque no perderían su plaza. Si acaso, serían recolocados para desempeñar un rol lo más similar posible a su especialidad. Aquellos que sí se verían afectados radicalmente son los enchufados de los partidos que, con cargos obtenidos a dedo, cobran sueldos públicos injustificados, tanto por tarea en sí como por cuantía. De lo que se trata, como he dicho, es de reducir al máximo los chiringuitos de la partitocracia y devolver al ciudadano aquello que le ha sido arrebatado. Tanto a nivel local como estatal, el exceso de personal político es una rémora para nuestro país, ya que de hecho no se produce una vampirización tan exagerada de lo público en otros países de Europa.