Hola, somos el colectivo Huelga de Hambre Fijeza Ya, un grupo de empleadas públicas temporales que exigimos al Gobierno que aclare cómo va a sancionar a las administraciones públicas que tienen empleados públicos temporales contratados en abuso de la temporalidad, con independencia del vínculo contractual que mantengan con la entidad empleadora (personal funcionario, estatutario y laboral).

Unos 800.000 empleados públicos temporales nos encontramos en una situación en la que, en muchos casos desde hace décadas, realizamos tareas estructurales en las distintas administraciones públicas dada la ausencia de personal fijo.

Para ello superamos los procesos selectivos de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que cada administración determinó en cada momento.

Llevamos años e incluso décadas trabajando con “contratos temporales” debido a que las distintas administraciones públicas han incumplido sistemáticamente su obligación de convocar ofertas de empleo público y, en los supuestos en las que las han convocado, las plazas no eran todas las que debieran de haber sido.

Es decir, la actual temporalidad ilícita es consecuencia directa del incumplimiento de las distintas administraciones públicas de la no convocatoria de todas las plazas vacantes dentro de los plazos legales exigidos en la normativa nacional.

Esta situación de temporalidad abusiva es contraria a la Directiva europea 1999/70, normativa esta que sí se traspuso para el sector privado, pero no al sector público. Y, en consecuencia, al acervo supranacional comunitario que señala que dicha temporalidad abusiva ha de ser sancionada.

Al no existir la preceptiva sanción en el ordenamiento jurídico interno, únicamente la fijeza en igualdad de condiciones y derechos protege debida y suficientemente al personal público en abuso de temporalidad (Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de mayo de 2018, sobre la respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los contratos de trabajo de duración determinada); dado que la transformación de un contrato de duración determinada en un contrato de duración indefinida previene y sanciona de manera efectiva el abuso, en el sector público y en el privado.

Esta situación de temporalidad abusiva ilícita en las administraciones públicas, además, se ceba en los mayores de 45 años y, sobre todo, en las mujeres; núcleos de población que, de ser despedidos o no renovados, tienen muchas dificultades para encontrar un nuevo empleo.

Una situación esta última cada vez más real ante la convocatoria de procesos selectivos de libre concurrencia (abiertas a todo el mundo) de plazas que han estado cubiertas de forma temporal, muchas veces incluso por la misma persona, durante décadas; procesos estos que la Sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020 considera no adecuadas para sancionar el abuso cometido.

Ante esta situación de abuso por parte de todas las administraciones públicas del Estado español, tres mujeres del colectivo se encuentran en huelga de hambre.

María Jesús Casado es funcionaria de carrera en Alicante, tiene su plaza en propiedad desde 1993, pero se ha solidarizado con el colectivo de trabajadores temporales que miran con incertidumbre a su futuro. Lleva ingiriendo solamente líquidos desde el 6 de abril.

“Lo hago por indignación y porque estoy muy cabreada por mis compañeros, porque los iban a despedir”.

“Lo que está haciendo la Administración Pública son despidos encubiertos de gente que lleva incluso décadas en el mismo puesto y que ahora no se puede enfrentar, en oposiciones abiertas, a universitarios con todo el tiempo del mundo para prepararse los exámenes”.

En el norte del país, Koro Alonso en San Sebastián lleva alimentándose con líquidos desde el 10 de abril. 

“Entré en la administración pública en 2007 y he estado dando vueltas por la zona de Guipuzkoa desde entonces. Me encuentro como trabajadora pública temporal, en fraude de ley, accedí a la administración hace años".

"Queremos que se apliquen las sanciones que exige la normativa europea por el fraude cometido y que de cara a futuro se transponga la Directiva para evitar que esta situación se repita”.

A pocos kilómetros, en Bilbao, Irune Saiz, la tercera de las mujeres en huelga de hambre, lleva sin comer nada no líquido desde el 17 de abril.

Por todo lo expuesto, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que apoye nuestra iniciativa dirigida al Congreso de los Diputados para que nos responda sobre cuáles son las medidas que va a adoptar el gobierno estatal para sancionar el abuso cometido en la contratación temporal abusiva o ilícita de los actuales empleados públicos temporales de las distintas administraciones públicas.