En concreto, supongamos que se hace una propuesta para modificar el artículo de la ley Celaá  - sólo es uno - que elimina las subvenciones a los colegios de educación diferenciada (en la ley se habla de segregación por sexo), privando del derecho a las familias -muchas votantes de su partido - a la que tienen derecho por la Constitución - aunque el actual TC diga que no.