¿Cómo es posible que una jueza, denunciada por presunta prevaricación ante la Policía Nacional de Soria y dirigidas a la UDEF, reciba esas mismas denuncias en su propio juzgado y, en un hecho de extrema gravedad, en lugar de abstenerse como exige la ley, proceda ella misma a archivarlas, comprometiendo directamente la investigación sobre sí misma y vulnerando el principio de imparcialidad que debe regir la justicia? 

Aun prevaleciendo la presunción de inocencia, ¿cómo puede ser que esta jueza de Soria, sobre la que pesan denuncias por presunta prevaricación continuada, sea ascendida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con todos los honores, como Presidenta de la Audiencia Provincial de Soria, cuando el propio CGPJ mantiene abiertas diligencias informativas derivadas de mis denuncias y la Fiscalía Anticorrupción aún no se ha pronunciado al respecto? ¿No debería un comportamiento de tal gravedad ser objeto de investigación rigurosa antes de otorgar cualquier ascenso, para garantizar que se respeten los principios de legalidad, imparcialidad y justicia?