Muchos ciudadanos consideramos a nuestras mascotas como verdaderos compañeros de vida y miembros de nuestra familia. Sin embargo, cuando sufren una enfermedad o un accidente grave, nos enfrentamos a facturas veterinarias totalmente inasumibles para una economía media.

A diferencia de los humanos, los animales no cuentan con ninguna red de salud pública. Para colmo, la gran mayoría de las clínicas veterinarias privadas no ofrecen facilidades de financiación ni la opción de pagar a plazos de forma directa. Sin estas alternativas, muchas personas se ven abocadas a una situación devastadora: ver morir a su compañero o verse obligados a practicarles una eutanasia económica puramente por falta de recursos.

Yo misma he vivido esta terrible realidad en primera persona. Hace un año perdí a mi alma gemela, mi gato Len. Tenía anemia y probablemente leucemia. Una transfusión de sangre costaba 400 euros, un dinero que yo no tenía en ese momento, y nadie me ayudó. La única solución que me daban era eutanasiarlo o darle simplemente “comida nutritiva”. El 16 de mayo de 2025, Len falleció en mi cama sufriendo. Esa es una imagen que nadie me va a quitar de la cabeza jamás y un dolor con el que tengo que vivir, sabiendo que la privatización de la salud veterinaria me robó a mi alma gemela.

Existe una enorme desconexión e injusticia en el sistema actual: a menudo parece que se persigue menos o se tolera más a quienes maltratan o abandonan animales, mientras que a los ciudadanos y protectoras que intentamos ayudarlos de verdad, cuidarlos y salvarles la vida, se nos desprotege por completo negándonos cualquier tipo de soporte o atención veterinaria pública.

Les invito a reflexionar éticamente sobre esto: ¿Por qué la legislación actual asume que el sufrimiento de un animal o el fin de su vida es aceptable solo porque su dueño no tiene dinero? ¿Por qué se considera que una vida humana merece protección médica total y la de un animal —que siente, padece y ama exactamente igual— se deja completamente desamparada y al arbitrio del mercado económico? El dolor de perder a un miembro de la familia por motivos económicos es una tortura psicológica para los ciudadanos.

Por todo ello, les pregunto:

¿Se plantea el Gobierno crear algún tipo de red de salud pública veterinaria, hospitales públicos o fondo de ayudas para familias y cuidadores con animales a su cargo?

¿Tienen previsto legislar para obligar o incentivar a los centros veterinarios a ofrecer opciones de financiación y pago a plazos, evitando así muertes totalmente innecesarias?

¿Cómo van a solucionar esta contradicción donde quien intenta salvar a un animal se encuentra completamente desamparado por las instituciones mientras el sistema devalúa el valor de sus vidas?