Hola Pau, como dices, es un asunto que siempre genera debate. Pero mi postura es clara: estoy con la mujeres, y con el derecho a decidir de las mujeres.

Está claro que es un tema con implicaciones personales, sociales, médicas, de índole religioso, de conciencia…Y tengo muy claro que interrumpir un embarazo es una situación traumática para quien la vive, una situación nada fácil para quien se enfrenta a ella. Por ello, debe tener todo el apoyo posible. Y este apoyo, en su vertiente pública, depende de un adecuado marco jurídico que regule la cuestión.

Por eso, apoyo firmemente la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Una Ley que, dicho de forma general, sustituyó el esquema de supuestos por uno de plazos. Algo que nos equiparó a la legislación de los países más avanzados. Una Ley que garantiza el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Y una Ley, y esto es muy importante porque es donde hay que poner el foco para evitar embarazos no deseados, que establece una serie de medidas en el ámbito sanitario, social y educativo para elaborar una política de salud sexual y reproductiva.

Sobre esta Ley, pende todavía la espada de Damocles del recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP contra esta Ley. Y que yo aprovecho para pedir su retirada. Porque es una regulación socialmente aceptada y porque ya está bien de que el PP utilice este tema, tan serio, de forma partidista y electoral.

Defendí hace unos meses en el Ayuntamiento de Logroño una moción de rechazo a la contrarreforma Gallardón que planteó el Gobierno y que, gracias a la movilización de las mujeres y de la sociedad, éste no tuvo más remedio que parar. E igualmente, me posiciono ahora, contra la versión reducida que plantea el nuevo Ministro de Sanidad.

Invito a leer el artículo 13.4 de la actual Ley que es el referido a las mujeres de 16 y 17 años que ahora le sirve al PP para volver al ataque sobre este asunto. Y mienten sobre la cuestión (“Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer.

Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”) y, lo que es peor, ponen en peligro a jóvenes sin apoyo familiar.

Mienten, y les desmienten los datos: un total de 913 menores de 16 y 17 años interrumpieron su embarazo en centros acreditados entre enero y septiembre de 2014, de ellas 113 lo hicieron sin conocimiento de sus padres, lo que representa el 0,44%.

Pero les da igual con tal de tratar salvar la cara ante su electorado más ultra.

De nuevo, NO a la reforma del PP.  SÍ al derecho a decidir de las mujeres.