Por supuesto que la presencia en las instituciones de testaferros de ETA, o de cualquier otra banda terrorista u organización de corte totalitario,  no es compatible con un verdadero estado democrático. Y, de hecho, en nuestro país hay una Ley de Partidos para evitar esa presencia.

Por eso mismo, en anteriores comicios electorales los Tribunales, que son quienes en un Estado democrático tienen esa potestad, han prohibido la presentación de candidaturas a algunas agrupaciones y se ha ilegalizado a algunas otras prohibiéndose sus actividades.

Pero no somos los políticos quienes podemos determinar quiénes pueden o no estar en las instituciones, sino que son los jueces y Tribunales los que ostentan esa potestad, en aplicación de las Leyes. Acatar esas decisiones es indispensable en un un Estado democrático, nos gusten o no. Y yo, desde luego, soy una convencida de ello. Por encima de lo que me parezca o no.