En una anterior pregunta sobre la incompatibilidad o no de la presencia de los testaferros de ETA en las instituciones de un Estado democrático, Quiroga responde que no es una decisión que corresponda tomarla a los políticos sino a los jueces. Sin embargo, lo que sí puede hacer un partido político y el gobierno es instar a la fiscalía pidiendo la ilegalización de partidos como Bildu o Amaiur. Quisiera saber si Arantza Quiroga cree que el gobierno debe proceder a ello o por el contrario cree que no hay motivos suficientes para pedir su ilegalización.