1. Que los documentos mercantiles que impliquen operaciones económicas por un valor igual o superior a seis mil € (por ejemplo); relacionados con la Administración Pública en todos sus niveles (local, autonómico y estatal), requieran la firma de, al menos, dos miembros (concejales, consejeros o diputados) de los dos Partidos de la Oposición que obtuvieron mayor número de votos en las últimas elecciones, además de la del responsable del área administrativa correspondiente.

2. Que los partidos políticos tengan la consideración de empresas públicas, sujetos a la misma normativa que la Administración Pública en lo que se refiere a las transacciones mercantiles.