Hola, soy Álvaro Herrera, tengo 25 años, soy estudiante de música y vivo en Cali. El pasado 28 de mayo participé en un cacerolazo sinfónico cerca de la Universidad del Valle, pero decidí retirarme de la zona debido a que se empezaron a escuchar algunos disparos. Mientras caminaba hacia el barrio Bochalema, fui capturado por un grupo de civiles sin ninguna justificación. Yo estaba grabando con mi teléfono a las personas que estaban disparando, y una de ellas me vio y me apuntó. Otro de quienes estaban en el grupo me cogió por el cuello y empezó a golpearme y a insultarme.

Me entregaron a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, de la Policía, que me trasladaron al CAI de La María, donde volvieron a golpearme e insultarme. En ese lugar grabaron un video en el que me ve con el torso desnudo, ensangrentado en la cara y el pecho. En él se me escucha autoincriminarme y decir que yo formaba parte de un grupo de vándalos. Pero todo lo dije porque los policías, que me estaban intimidando, me obligaban a hacerlo. Decidí usar un nombre y un número de cédula falsos para proteger mi integridad.

Al día siguiente, sábado, fui presentado ante un juez para que se legalizara mi captura. Conmigo iban otras personas que también habían sido detenidas el viernes. Sin embargo, el juez determinó que mi captura había sido ilegal, y por eso fui dejado en libertad. Según el fiscal del caso, no hubo pruebas suficientes que demostraran que yo era responsable del vandalismo del que me acusaba la Policía, cuyos agentes decían que me habían capturado en flagrancia.

En las manifestaciones que ha habido desde el 28 de abril han quedado en evidencia los abusos policiales. Colombia es uno de los pocos pocos países del mundo, si no el único, cuya Policía pertenece al Ministerio de Defensa. Además de poseer un poder enorme, tiene una jerarquía casi castrense, cuando la Constitución establece que la Policía es un cuerpo de seguridad civil, no militar. Y al pertenecer al Ministerio de Defensa, todos los delitos que cometen sus oficiales entran en la jurisdicción de la Justicia Penal Militar. Eso implica que esos casos casi siempre terminan en el olvido, porque entre ellos mismos no se van a hacer daño. Por ese mismo motivo, si nosotros empezamos a hacer denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía, no van a progresar.

Por eso lanzo esta campaña: para exigir al Congreso de la República que legisle para retirar el fuero militar a la Policía y que la institución deje de formar parte del Ministerio de Defensa y pase a depender del Ministerio del Interior. De esa manera, sería un ente judicial, y no uno militar, el que se ocuparía de garantizar justicia en todos los casos en los que haya algún oficial de la Policía involucrado. Y que, junto con la justicia, haya verdad sobre los crímenes cometidos por agentes y garantía de no repetición, para que no vuelva a haber episodios como el que viví yo o más graves.

Entre todos podemos contribuir a que este testimonio sea conocido por muchas personas, para que quienes han sufrido abusos de la policía se sientan un poco más respaldados, y para que esta campaña llegue a los ojos de los congresistas. Si conseguimos 350 firmas, los políticos me responderán en la página de Osoigo. Que corra la voz: compartamos esta historia con nuestros amigos, familiares y contactos de WhatsApp, y que el clamor contra los abusos policiales se siga escuchando para que las autoridades no cometan más delitos. Las víctimas de la violencia policial estaremos muy agradecidas.