En Madrid, se han implementado normativas que prohíben o sancionan el acto de dar comida a personas en situación de calle en espacios públicos. Estas medidas, a menudo justificadas bajo el pretexto de "mantener el orden público" o "evitar problemas de salubridad", generan una profunda reflexión ética y social. 

¿Cómo se justifica una normativa que criminaliza un acto de humanidad tan básico como compartir alimento con quienes más lo necesitan? ¿No es el espacio público, por definición, un lugar de todos y para todos, especialmente para quienes no tienen otro lugar al cual recurrir? 

En lugar de sancionar a quienes intentan ayudar, ¿no sería más lógico y compasivo invertir esfuerzos en políticas públicas que aborden las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social? Prohibir alimentar a las personas en la calle no elimina el problema de la pobreza; solo lo invisibiliza y lo desplaza. 

Por ello, pedimos a los responsables políticos una explicación clara: ¿Cómo encaja esta prohibición en un marco de derechos humanos y solidaridad? Y, más importante aún, ¿Es posible que las organizaciones puedan seguir alimentando a los que menos recursos tienen bajo unas condiciones mínimas?