¿Cómo justificar que CETA, TiSA y TTIP incluyan arbitrajes privados para que empresas puedan demandar a países por leyes democráticas?
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Es absolutamente injustificable. El mecanismo de arbitraje supone la creación de una justicia paralela y privada para unos pocos (grandes inversores extranjeros), hecha a la medida de sus intereses. Tal y como han expresado la Asociación de Jueces Alemanes, la Asociación Progresista de Fiscales de España y Jueces por la Democracia, este sistema viola los principios fundamentales del Estado de Derecho, porque acaba con la igualdad ante la ley, con la previsibilidad y con la transparencia.

No entendemos cómo puede justificarse que unos pocos disfruten de un privilegio de tal calibre.

Además, se prevé que estas cortes arbitrales apliquen exclusivamente las disposiciones establecidas en el acuerdo, y no las leyes internas de los Estados, de modo que podemos encontrarnos con situaciones en las que unos árbitros diriman cuestiones internas sin ni siquiera conocer el derecho interno (ni siquiera las Constituciones) de los Estados demandados.

Desde UNIDAS PODEMOS nunca apoyaremos medidas que menoscaben los derechos fundamentales y la igualdad ante la ley de todas las personas. Consideramos que este tipo de mecanismos son un ataque frontal contra nuestra Democracia y contra el derecho a regular de todo Gobierno.

Por ejemplo, nuestro compromiso de aumentar el salario mínimo interprofesional a 900 euros durante la primera legislatura, podría verse cortocircuitado por cualquier empresa extranjera que considere que dicha medida perjudica a sus beneficios. Esto ya está pasando en países como Egipto, que fue demandado por una empresa francesa, Veolia, por tomar democráticamente la misma medida. 


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Lola Sánchez Caldentey
 Pregunta ¿Cómo justificar que CETA, TiSA y TTIP incluyan arbitrajes privados para que empresas puedan demandar a países por leyes democráticas?

Los tratados de "libre" comercio en negociación (CETA, TiSA, TTIP) incluyen sistemas de arbitraje privado que permiten a las empresas demandar a países por leyes aprobadas democráticamente pero que pueden suponer algún tipo de perjuicio económico privado, por tanto ¿cómo es posible apoyar estos tratados si atentan los principios democráticos?

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Usuario Anónimo Usuario Anónimo
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15.06.2016

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