Hace un tiempo decidí dar voz a un problema que existe en España y del cual no nos ofrecen una solución. Mi lucha se basa en la regularización de las personas que trabajan como indefinidas en las administraciones públicas, y por ello alcé la voz de nuevo. Quiero acabar con esta situación de indefensión en términos de mis derechos laborales, pues he estado en fraude de ley durante una década siendo Técnico de Laboratorio en la Universidad del País Vasco.

En @xristiandiaz25 y @AsociaciónEPA cuento y escribo diariamente sobre esta situación y todas sus problemáticas.

Desde que compartí mi situación en octubre de 2024, mi vida ha seguido deteriorándose en múltiples aspectos.

A pesar de que la Ley. "De medidas urgentes" del 28/12/2021 - Icetazo- Ley 20/2021 establecía una fecha límite para los procesos de estabilización, al llegar el 31 de diciembre de 2024, muchas personas en abuso de temporalidad, como yo, no habíamos tomado posesión de nuestras plazas viendo perpetuado el abuso.

En algunos casos, se publicaron resultados definitivos, pero no se hizo efectiva la toma de posesión; en otros, los procesos ni siquiera han concluido. 

Y en otros muchos su resultado ha sido en un daño adicional al trabajador que venía de sufrir abuso, despidos, traslados, degradaciones...

Por otro lado, mi salud ha empeorado gravemente y, sin una solución clara a la vista, la incertidumbre ha agravado mi situación y no está permitiendo mi recuperación.

En febrero decidí presentar una nueva demanda en España, ya que he superado los tres años como indefinido no fijo sin recibir una compensación justa.

Las recientes sentencias del TJUE de febrero y junio de 2024 confirman que la ley actual no compensa adecuadamente nuestra situación.

A pesar de ello, los concursos de estabilización continuaron. La Universidad del País Vasco decidió tomar posesión de las plazas concursadas, incluida la que yo ocupaba.

Sin embargo, estando de baja, no se me permitió pasar el reconocimiento médico necesario para tomar posesión.

El 10 de marzo recibí una notificación de la Seguridad Social indicando que mi relación laboral había finalizado el 28 de febrero de 2025.

Me quedé sin empleo, sin compensación y en una situación económica insostenible, teniendo que cubrir mis gastos, mi vivienda y el cuidado de mis animales.

Además, en el concurso de méritos obtuve una plaza, pero no en mi profesión de técnico especialista de laboratorio de diagnóstico clínico, sino como oficial de anatomía patológica.

Esta nueva asignación implica una reducción salarial significativa, pasando de un nivel retributivo 21 a un nivel 17.

Más preocupante aún es que mi titulación no me habilita para realizar las tareas asignadas en este nuevo puesto, que incluyen el manejo de cadáveres, embalsamamiento y manipulación de productos tóxicos, condiciones de penosidad adicionales reconocidas en la monografía del puesto.

Sorprendentemente, para apuntarse al concurso de méritos solo se requería la titulación de bachillerato.

Sin embargo, en la monografía del puesto que me han adjudicado, ni siquiera es necesario el título de bachillerato, sino únicamente el de Educación Secundaria Obligatoria.

Es increíble que las funciones que se desempeñan en muchos casos sean equiparables a las de un licenciado en medicina forense, pero se exija una titulación mínima tan baja.

Mi sindicato, que debería haberme apoyado en este proceso, ha respaldado estas decisiones y ha dejado de brindarme la ayuda que antes ofrecía. De hecho, han dejado de enviarme información que antes sí me proporcionaban.

Como miembro de la Directiva de la Asociación de Empleados Públicos en Abuso, hemos tenido constancia durante todo este periodo de casos sangrantes de despidos, traslados y diversas discriminaciones que está sufriendo la mayoría de nuestro personal asociado.

No nos hemos quedado parados y hemos realizado diversas acciones, como denunciar nuevamente nuestro caso por negligencia de la Comisión Europea en la aplicación de esta directiva en España ante el Defensor del Pueblo Europeo, Ombudsman. Quién ya ha admitido a trámite nuestra denuncia.

Incluso varios de nuestros asociados han recibido resoluciones del Tribunal Constitucional que, a nuestro modo de ver, son totalmente injustas, y hemos decidido apoyarles y llevar el caso incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Seguimos esperando a que la Comisión Europea avance en los procesos de infracción que tiene abiertos derivados de nuestra denuncia como asociación.

Esta situación ya no es solo un desgaste económico y de tiempo; es una vulneración de derechos humanos y laborales.

Me han dejado en una situación de vulnerabilidad extrema, sin empleo, sin compensación y con una enorme incertidumbre sobre mi futuro laboral y personal.

He tenido que volver a pagar abogados, enfrentar procesos administrativos costosos y he invertido gran parte de mis ahorros en esta lucha, que parece no tener fin.

Es una injusticia que no solo me afecta a mí, sino a miles de empleados públicos en situaciones similares.