Soy una persona con tetraplejia, con un 95 % de discapacidad reconocida y Dependencia Grado III. Para poder acceder al baño en mi vivienda fue necesario realizar una adaptación, financiada mediante una subvención pública destinada a garantizar la accesibilidad. No se trató de una mejora, sino de una necesidad básica para poder vivir con dignidad.

Antes de presentar nuestra declaración de la renta, consultamos con la Administración cómo debíamos declarar esta ayuda y seguimos las indicaciones que nos dieron. Sin embargo, meses después hemos recibido una liquidación en la que se nos exige el pago de 7.665 euros, al considerar dicha subvención como una ganancia patrimonial.

La administración no nos informó de que esto pudiera suceder, y ahora debemos hacer frente a unos gastos desorbitados por un error que no fue culpa nuestra. Si hubiéramos tenido esta información, habríamos actuado de otra manera, ya que no tuvimos la intención de realizar mal estas gestiones. 

Las personas con gran discapacidad nos sentimos abandonados por las instituciones, y este caso es la prueba de ello. Sólo queríamos una adaptación para algo tan básico como poder ir al baño con dignidad, y la administración nos responde de esta manera.

Ante esta situación, me surge una pregunta: ¿considera la Administración justo que una ayuda pública destinada a garantizar la accesibilidad básica de una persona con gran discapacidad tribute como si fuera un beneficio económico?

Asimismo, me gustaría saber si se impulsarán medidas para que este tipo de ayudas queden exentas de tributación y no terminen generando deudas a quienes únicamente buscan poder vivir con dignidad. Sólo queremos vivir tranquilos.