Mi nombre es Fernando Ojeda, hombre trans venezolano, residente en Chile desde hace 5 años, de 32 años que tengo. Soy activista por los derechos de las personas trans y migrantes. 

A la fecha, no he podido realizar el cambio de nombre en mi documentación en Chile, aunque existe una Ley de Identidad de Género (Ley N° 21.120), que entró en vigencia el 27 de diciembre de 2019 y que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género a nacionales y migrantes que tienen su visa definitiva con partida de nacimiento apostillada. 

Conociendo las circunstancias de Venezuela, sacar una partida de nacimiento toma tiempo y es un proceso burocrático que lleva a dos procesos engorrosos, una legalización y posteriormente una apostilla. 

Al no contar con un carnet que corresponda con mi identidad y expresión de género actual, he vivido distintas experiencias negativas que afectan mi salud mental, física y tienen impacto negativo en mi calidad de vida. 

Por ejemplo, en junio de 2020 fui objeto de fiscalización por control de movilidad pandémica, y al no tener un carnet que correspondiera a mi expresión de género, viví violencia sistemática por parte de un funcionario. En abril de 2021 en un centro de salud privado, vulneraron mi derecho a la identidad por la misma incongruencia en el carnet que poseo y mi expresión actual.

Al ser un residente por más de cinco años en este país y contar con tres años de activismo, considero importante el reconocimiento a la identidad como derecho humano universal y sin tanta burocracia, para todas las personas que estén pasando por esta situación en Chile.

Por ello mi pregunta es, ¿Cómo garantizar el derecho a la identidad de género de las personas trans migrantes? ¿Qué pasa cuando las leyes son solo exclusivamente para nacionales y discriminan a nuevos migrantes trans residentes?

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