Pregunta para Congreso de los diputados

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado nos manifestamos en defensa de lo público. ¿Por qué se está destrozando la Administración Pública y llevando a su «muerte» a una función pública altamente cualificada?

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La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) lanzamos la voz de alarma ante el acuerdo alcanzado el jueves, 3 de noviembre, y conocido el viernes, 4, entre las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO y Función Pública para flexibilizar las pruebas por promoción interna, lo que supondrá el destrozo de la Administración Pública y la «muerte» de una función pública altamente cualificada, independiente y profesional. 

Ante la profunda preocupación que el contenido de este acuerdo ha suscitado, la Asociación de Inspectores de Hacienda convocamos una manifestación el pasado miércoles, 14 de diciembre, ante la sede principal del Ministerio de Hacienda y Función Pública para protestar contra la flexibilización de las pruebas de acceso de promoción interna de la Función Pública

Bajo el lema «En defensa de lo PÚBLICO: Por una Administración cualificada y no politizada», casi 300 inspectores de Hacienda del Estado, apoyados por miembros de otros Cuerpos Superiores de la Administración, exigimos la retirada de este acuerdo firmado con los sindicatos, para el que no se ha tenido en cuenta nuestras propuestas y que supondrá una merma sustancial en la preparación de los futuros funcionarios públicos y la introducción de criterios discrecionales y de subjetividad a la hora de su evaluación.

Consideramos que este acuerdo no respeta los principios constitucionales para el acceso a la función pública en términos de igualdad, mérito y capacidad, ni tampoco cumple otros principios que son la base de una Administración eficaz, eficiente y profesional: la independencia y la elevada cualificación de sus altos funcionarios. La modernización de la oposición no puede derivarse en un proceso que tendrá en cuenta unas pruebas como las propuestas, básicamente de tipo test y de evaluación de “competencias” no especificadas, y todo ello basado en una gestión ineficiente del gasto público sin precedentes. 

De esta manera no se soluciona el doble problema de reducir la edad media del funcionario y aumentar la plantilla de la AGE. Solo aquellos que demuestren un gran conocimiento de los temas en las oposiciones podrán desarrollar su trabajo eficazmente, pues está en juego no sólo que la Administración sea más o menos profesional, sino la calidad de los servicios públicos que se presten a los ciudadanos. Por eso, solicitamos una reunión urgente con los responsables de Función Pública a efectos de solicitar la ruptura de ese acuerdo y la vuelta a la senda del diálogo, el consenso y la democratización del proceso de repensar la función pública. 

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