El Ayuntamiento de Alicante ya ha empezado a multar a las personas sin techo que duermen en la calle en virtud de una nueva ordenanza aprobada este año y que entró en vigor a finales de marzo. 

Una nueva ordenanza con la que la Policía Local puede multar a personas sin hogar, pero también a las que pidan dinero en la calle, a las personas que ofrezcan o negocien actos sexuales y a aquellas que acepten dichos servicios. Las multas pueden ir desde los 750 euros a los 1.500. Se calcula que en torno a 200 personas viven y duermen cada noche en las calles de la ciudad Valenciana.

Esta medida ya se ha puesto en marcha en países como Hungría y Polonia y ha sido muy criticada por la ONU. Según la organización, esta práctica “no solo impedirá el disfrute de los derechos humanos de las personas sin hogar, sino que también promoverá prejuicios hacia las personas que viven en la pobreza y las personas sin hogar en las generaciones venideras”.

Es preocupante, ya que se trata de manera cruel, inhumana o degradante a las personas sin hogar y sin vivienda. Son personas que no tienen a dónde ir y en la mayoría de veces no están así por elección propia. Son personas que pueden reconducir y encaminar su vida, si se implantan programas efectivas desde las instituciones y cuando la necesidad básica de tener acceso a una vivienda está cubierta, el itinerario hacia una vida digna es más fácil. 

Las políticas de las instituciones se deberían centrar en cubrir las necesidades mínimas de estas personas y garantizar su derecho a la vivienda, en vez de en penalizar su situación y obstaculizar la dignificación de sus condiciones de vida.