En el 2017 mi hija, que tenía entonces 9 años de edad, fue sustraída por su papá, después de una convivencia que había tenido con ella en la Ciudad de México. Pese a que legalmente, las visitas habían sido establecidas en nuestra casa, ubicada en Monterrey, Nuevo León, yo accedí que se reuniera con su papá y su familia en la capital del país, confiando en que todo marcharía con la normalidad de siempre. Sin embargo, ese fue el inicio de un proceso de dos años tortuosos y dolorosos, de vivir y sufrir la ausencia de mi hija. Su padre se negó a devolvérmela y la dejó a ella lejos y sin su madre, y a mi pequeño de entonces  2 años, lo privó de su presencia y de la de su hermana. 

Durante esos dos años, me enfrenté a un proceso difícil que parece poner todo imposible para recuperar a los niños y hacerles pasar por un sufrimiento y violencia que no merecen. Me enfrenté con tráfico de influencias, corrupción, y a autoridades con poca vocación de servicio y fue muy duro.  Sobre todo, porque el padre de mis hijos gozó de una suerte de privilegios y de ocultamiento, pues se desempeñaba como funcionario público. En ese tiempo él trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y siendo aún funcionario fue cuando sustrajo a mi hija y decidió no regresarla. 

Las autoridades no son empáticas con este tipo de casos, y mucho menos cuando uno de los progenitores, el que sustrae, goza de privilegios debido a su trabajo o a su posición. En este sentido, quien lo sufre más es el grupo más vulnerable de la sociedad, que son las niñas y los niños, que quedan en medio de un pleito que se puede prevenir y evitar si se tienen la voluntad de hacerlo y de protegerlos a ellos.

Finalmente, en el año 2019, y después de mucha presión y muchos trámites, recuperé a mi hija. Este proceso fue de las cosas más difíciles por las que he pasado. Cuando me la entregaron fue en medio de un montón de gente gritándome cosas. 

Mi hija es muy inteligente, ha representado a su escuela en ajedrez y en matemáticas, me he revinculado nuevamente con ella y en ningún momento le he negado ver a su papá. A partir de todo esto, me involucré en esta lucha social porque sé que no todas las mujeres tienen la oportunidad de prepararse en conocer sus derechos ni en material legal, algo que facilita que las autoridades y funcionarios abusen de eso. Hay mujeres que ya nunca logran ver a sus hijos, y también hay muchos casos de hombres que cumplen con la pensión alimenticia y que por falsas acusaciones no les permiten ver a sus hijos. 

Yo creo que la violencia no tiene género, pero sí pienso que hay hombres que abusan de su condición económica y sus puestos en el gobierno para maltratar y usar a sus hijos como un medio para vengarse. 

Ahora mi petición es que el padre de mis dos hijos asuma sus responsabilidades y pague una pensión alimenticia que se ha negado a dar desde el año 2018. Es un derecho universal de las niñas y niños, el recibir apoyo económico de sus progenitores, y el no hacerlo provoca que su calidad de vida decrezca. 

Por ello, lanzo esta campaña de difusión, para pedir a las autoridades del Senado de México que escuchen mi voz y legislen en favor de las niñas y niños que estén en situaciones parecidas a la de mis hijos. Creo que entre todos podemos ayudar: si recogemos 500 firmas en esta petición, los representantes políticos me responderán en la página de Osoigo. Y difundamos este testimonio con nuestros contactos de WhatsApp y redes sociales, para que muchas personas lo puedan respaldar.

¡Muchas Gracias!