Pocos trabajos como la seguridad privada, reflejan de forma tan cruda los niveles de precariedad alcanzados trás la reforma laboral.

Las trabajadoras y trabajadores de la seguridad perciben salarios que van desde los 700 euros a los poco más de 900 euros según sea el convenio que se le aplique, de empresa o sectorial respectivamente. En algunos casos no cobran sus nóminas en meses y están obligados a seguir acudiendo a su centro de trabajo para no ser despedidos.

Jornadas maratonianas de hasta 12 horas díarias sobre cuadrante y que en ocasiones pueden ser más bajo presión. Sin medidas concretas para la conciliación de la vida familiar y laboral, empresas que adeudan hasta 5 meses de sueldo a sus trabajadoras y trabajadores, puesto de trabajo dónde a menudo se está espuesto a la climatología sin refugio o sin comodidades como un baño, agredidos por falta de recursos materiales, técnicos, humanos y sin una protección jurídica adecuada.

Todo esto ocurre en un colectivo donde sus sindicatos lejos de representar sus intereses, está plagado de mandos intermedios de la propia empresa, todo impulsado por una turbia relación entre partidos políticos y círculos empresariales.

Este problemas va más allá de una mera cuestión de justicia social, y es que estamos en alerta terrorista de nivel 4 sobre 5, y desde las propias adminsitraciones públicas toleran esta situación, un acto de irresponsabilidad con posibles consecuencias dramáticas.