Como activistas que provenimos des distintas organizaciones y espacios políticos, es que decidimos abrazar la lucha contra la pobreza y vulnerabilidad del país, agrupándonos como colectivo Territorio Emancipado y estudiando las diversas formas en que se da esta problemática. Con la experiencia a través de los comités de vivienda y la pandemia es que nos percatamos que la medición de la pobreza por parte del Estado y las instituciones a través del Registro Social de Hogares, está sesgada y mal elaborada. 

El Registro Social de Hogares, instrumento con el cual se recaba la información respecto a los INGRESOS  que tienen los núcleos familiares no representa la realidad del país. Es decir, familias que viven en campamentos, que no tienen alcantarillado, se encuentran en porcentajes del 70% según el instrumento. Familias que ganan 600 mil pesos mensuales se encuentran en el 100% más rico del país, siendo que habitan poblaciones de Quilicura. Peor, existen vecinas que previo a la pandemia se encontraban en el 40% más vulnerable según el instrumento y que actualmente, sin haber tenido ni un aumento o cambio en su registro, ahora ubican en el 70%.

Estos “errores” de la clasificación de las familias según su pobreza radican en la invisibilización tanto conceptual como metodológica respecto a los datos: conceptual, porque según el Registro Social de Hogares no existe pobreza en Chile, sino, solo personas vulnerables; y metodológicas al no contemplar la variante de GASTOS cuando se habla de ingresos. 

Lo anterior, da cuenta de una mirada errónea sobre la vulnerabilidad y pobreza, afectando así la creación de políticas públicas que vayan, de forma efectiva, en ayuda de las personas. 

Es imposible no ver que el Registro Social de Hogares es un instrumento que no funciona y por ende, no está ayudando a las personas. 

Hay un gran problema metodológico que es el enfoque. Actualmente, este se basa en la pobreza económica. Es decir, contempla los ingresos de cada integrante del nucleo familiar como la sumatoria de sueldos y/o pensiones como grupo. 

Lo que nosotres proponemos es cambiar el instrumento completamente y ampliar este enfoque respecto a la pobreza, pasando de económico a la MULTIDIMENSIONALIDAD de la pobreza. 

Entender que existen profesionales precarizados como consecuencia de la educación de mercado, significa diferenciar el campo laboral de éstos para efectivamente comprobar su pobreza y vulnerabilidad es el inicio. No es lo mismo estudiar teatro o historia con CAE que pedir un CAE para estudiar medicina u otra carrera rentable. Se suma que dentro de los roles laborales y profesionales que evalúa el instrumento, tampoco considera los oficios ni emprendimientos

Aceptar que existen familias muy diferentes a la de los 90’ también es un avance para medir la vulnerabilidad. Actualmente, las familias no sólo se componen de seres humanos, sino que existen animales/mascotas consideradas como “parte del núcleo familiar”. No de aspecto simbólico, sino que en términos de gastos y tiempo que amerita otro ser que se enferma y sienta cuando lo abandonan. 

No basta con considerar exclusivamente los ingresos que tienen las y los integrantes de los núcleos familiares, sino también sus gastos domésticos (agua, luz, gas, internet y comida), salud, arriendo y/o dividendo, tipos y montos de deudas que tienen las personas. 

INGRESOS-GASTOS: Sin estas dimensiones, es difícil medir y evaluar la pobreza y vulnerabilidad del grupo social que se está investigando. 

La verdadera problemática que arrastra el mal enfoque y construcción de un instrumento que sirve para distribuir los beneficios sociales a las familias pobres y vulnerables del país, es que dichos beneficios como el IFE y los subsidios no llegan de forma optima. Incluso, el debate y las consecuencias que traen los retiros de AFP se relacionan con el cómo enfrentan las familias la crisis económica que estamos viviendo. 

En el Senado y Congreso se habla de pobreza, pero no hay iniciativas de ley que impliquen mejorar las condiciones actuales, por ejemplo, congelar los precios de las frutas y verduras u otros gastos cotidianos. 

Con toda la información que recibe el Ministerio de Desarrollo Social a través del Registro Social de Hogares, no han generado ni una política pública en beneficio de las personas, ¿qué han hecho con esos datos? Repartir bonos, pero no de forma efectiva y, aun así, eso no soluciona el problema real y de fondo. 

Es urgente que la ministra Karla Rubilar se siente con las organizaciones y levanten una mesa técnica con ambas partes (institucionales-populares) para que vea la realidad del país y que se actualice. Nosotros estamos a favor y queremos impulsar que se levante una mesa técnica, con profesionales, un nuevo Congreso, donde haya representantes de las organizaciones sociales, de pobladores, personas en situación de calle, animalistas, personas de la salud, etc., para llegar a acuerdos y crear un nuevo instrumento de medición que reemplace la ficha del Registro Social de Hogares, que sea eficaz  y eficiente. 

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