Pregunta para Parlamento de Cantabria

Sobreviví a violencia intrafamiliar durante 14 años y ahora soy educadora social. El apoyo psicológico es clave para proteger el futuro de los menores y el bienestar de los educadores sociales. ¿Por qué este servicio no se implementa como obligatorio?

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Sofía Basurco Pregunta de Sofía Basurco

Mi nombre es Sofía, soy de Laredo y soy sobreviviente de violencia intrafamiliar. Hasta los 14 años viví en un entorno marcado por la negligencia y la desprotección por parte de mis padres y mi hermana. La dinámica familiar estaba lejos de representar una realidad saludable o segura. Mi infancia transcurrió en un contexto de abandono emocional y carencias constantes.

Mis padres enfrentaban problemas de adicción, lo que dificultaba enormemente la convivencia diaria y la gestión emocional en casa. La situación era extrema: su comportamiento, inestable y conflictivo, derivaba en una convivencia caótica, afectando incluso aspectos básicos como la economía familiar y la higiene personal.

A los 12 años falleció mi madre, y a partir de ese momento los problemas se intensificaron. La relación con mi padre se volvió aún más complicada: vivía bajo amenazas y castigos constantes, y además tuve que asumir responsabilidades del hogar que no correspondían a una niña. Durante años experimenté una profunda soledad.

Recuerdo claramente un episodio en el que, tras pasar una semana castigada en mi habitación, sentí que, si no buscaba una solución, no podría sobrevivir a la situación. Fue entonces cuando decidí escaparme. Me presenté una mañana en la puerta del instituto, donde inmediatamente se activaron los protocolos para denunciar mi situación y modificar mi tutela.

Acudí al médico para que me realizaran un parte de lesiones y, posteriormente, poder formalizar una denuncia a la Guardia Civil. Me derivaron primero a un centro de primera acogida, y posteriormente a un centro de menores. Más adelante fui trasladada a un piso tutelado, con el objetivo de prepararme para una vida independiente a los 18 años. Finalmente, me emancipé a los 19, y logré terminar la carrera universitaria como educadora social.

Actualmente trabajo en el ámbito de los servicios sociales, y aunque debido a situaciones muy extremas y graves, celebro que se estén visibilizando muchas de las realidades que enfrentamos como profesionales. Igualmente, considero que aún falta información contrastada y rigurosa que permita dar verdadero valor y reconocimiento a nuestra labor.

Decidí compartir mi historia porque creo firmemente que puede ser útil, tanto para la ciudadanía como para los beneficiarios del sistema de protección. Mi experiencia personal me ha permitido trabajar con jóvenes desde la comprensión y la empatía. Sé lo que es crecer con carencias afectivas, y eso me ayuda a conectar con ellos de una manera genuina y comprometida.

Durante mi estancia en el sistema de protección, recibí apoyo psicológico gracias a un convenio entre el centro y el juzgado de Santander. Contábamos con la atención de una psicóloga especializada en violencia de género. Sin embargo, esta atención no es común ni garantizada por ley. Los centros de menores no están obligados a contar con un profesional de la salud mental. Las alternativas disponibles a través de la Seguridad Social no son suficientes: no hay plazas para todos los que lo necesitan, ni se proporciona una atención adecuada.

Desde mi perspectiva, la figura del psicólogo debería ser obligatoria en todos los centros de protección de menores. La salud mental de los jóvenes es un aspecto que, si no se aborda a tiempo, puede tener consecuencias graves a lo largo de sus vidas.

Asimismo, considero indispensable que los educadores sociales también tengan acceso a un recurso psicológico. Acompañamos a menores diariamente, gestionamos con ellos emociones complejas y situaciones difíciles. Es impensable que no contemos con un apoyo emocional adecuado para sostener esta labor.

¿Cuándo se va a revisar este aspecto? ¡Es urgente! Resulta fundamental establecer condiciones sólidas que permitan intervenir de forma constructiva y efectiva, siempre pensando en el bienestar real de los menores que atraviesan situaciones sumamente complejas. Al mismo tiempo, esto repercute directamente en el tipo de sociedad que queremos construir para el futuro.

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Pregunta dirigida a: Parlamento de Cantabria