Mi nombre es Sandy, tengo 27 años y soy hondureña. Llegué a España con 21 años y llevo los últimos seis trabajando como interna aquí en España. Con esta campaña quiero denunciar y exponer la situación de explotación y vulneración de derechos a la que tenemos que hacer frente las empleadas del hogar, y más especialmente las internas inmigrantes.

A nivel general, las empleadas del hogar contamos con unas condiciones laborales pésimas, salarios por debajo de las horas trabajadas y una enorme falta de protección por parte de las instituciones. No obstante, esta situación empeora si se trata de empleadas internas (residen y trabajan en el domicilio) y más si son mujeres migradas, las cuales representan un gran porcentaje dentro del total.  En este país, (según el último informe de 2021 publicado por Oxfam Intermon), somos más de 40.000 internas, de las cuales el 90% somos mujeres migrantes que en su mayoría llegamos en situación irregular.

La precariedad del sector se traduce en diferentes aspectos: jornadas de más de 60 h, salarios por debajo del mínimo interprofesional, agotamiento físico y mental, abuso de poder por parte de los empleadores, falta de legislación o protección en riesgos laborales e inspección. A pesar de que la situación ya es muy grave y precaria de por sí, las condiciones son aún peores cuando se trata de mujeres migradas. Al llegar en una situación irregular, es de los pocos trabajos a los que podemos optar hasta conseguir la regularidad, y los empleadores se aprovechan de ello. Hacemos jornadas interminables por sueldos míseros, nos enfrentamos diariamente a vejaciones, racismo, abusos y violencias, no tenemos derecho al descanso establecido por la ley, no estamos dadas de alta en la seguridad social, es decir, se vulneran prácticamente todos nuestros derechos relativos al trabajo digno. 

Muchas mujeres vienen de contextos previos complicados, y debido a la necesidad económica, el precio de la vivienda, los prejuicios racistas y la imposibilidad de trabajar con contrato hace que trabajar como interna sea para muchas una vía de mantenerse en el país hasta que la legislación española les permita regularizar su situación. Aceptando, a cambio, todo tipo de abusos, vejaciones y vulneración de derechos. 

Es por ello por lo que desde aquí quiero exponer que esta situación no puede seguir así y que ya no nos vamos a callar. Y además, que para que esto cambie es necesario implementar medidas que garanticen la protección de nuestros derechos y que haya herramientas que lleven a cabo un control efectivo de las condiciones laborales. Pero, especialmente, es necesario modificar la Ley de Extranjería reduciendo el tiempo de estancia en España antes de poder obtener la residencia, como mínimo de 3 a 2 años. Si no, independientemente de las mejoras que se hagan en el sector, siempre estaremos atrapadas en una situación vulnerable. 

Por ello, y con todo lo aquí plasmado, quiero dirigir esta campaña a los representantes del Congreso de los Diputados, para que escuchen y estudien la posibilidad de estas mejoras. Porque más allá de la responsabilidad de las empresas y/o las personas que nos contratan, es la actitud y la pasividad de las administraciones e instituciones la que nos imposibilita mejorar nuestra situación.

Somos “trabajadoras esenciales”, las que cargamos con el peso de una red pública de cuidados insuficiente y, por eso mismo, merecemos unas condiciones laborales dignas, que respeten y protejan nuestros derechos como individuo, vengamos de donde vengamos e independientemente de nuestra situación. 

Pido desde aquí la máxima difusión y apoyo a esta campaña. ¡Gracias a tod@s!