Me llamo Sandra, soy colombiana y llevo en España, concretamente en Cataluña, 15 años. Llegué aquí en 2007 con un permiso de estudiante para realizar un doctorado; por un lado, es una gran suerte porque no tienes que pasar por lo que pasa alguien que no tiene papeles, es decir, alguien que está en situación administrativa irregular; por otro, vienes con ciertos obstáculos como el de no poder compaginarlo con un trabajo que, en la mayoría de los casos, es necesario para vivir. Durante los primeros meses me sostuve con el préstamo estudiantil que me otorgaron en mi país y después, para sobrevivir, tuve que ir encadenando becas de colaboración en la universidad en la que estudiaba. No podía tener un trabajo normal porque el permiso de estudiante no te lo permite.

Vine a España con la intención de mejorar mi currículum y ampliar mi formación, ya que en Colombia, los postgrados, son tremendamente caros, pero tras un tiempo en este país, empecé a verlo como un lugar donde vivir. Vengo de un país en el que mis posibilidades de empleabilidad de acuerdo a mi formación académica son superiores, pero lamentablemente la calidad de vida, debido a la inseguridad y a la ausencia de un estado que garantice la vida de sus ciudadanos, es uno de los motivos por los que muchos colombianos decidimos no regresar. Yo cambié mis posibilidades laborales por la tranquilidad.

Sin embargo, estando en España me di cuenta de que aquí existe una ley de extranjería que despoja de derechos fundamentales a todos los inmigrantes extracomunitarios. Yo me convertí, a cuenta de mi origen, en una ciudadana de segunda y toda mi relación con el estado, a cuenta de esa ley de extranjería, se limitaba a relacionarme con la Policía Nacional y las oficinas de extranjería para obtener mi NIE y cualquier documento necesario para vivir aquí. A los extranjeros extracomunitarios se nos trata de manera desigual en relación con los inmigrantes comunitarios y esto pesa aún más si provenimos de países del Sur Global. El maltrato hacia los inmigrantes en las comisarías y las oficinas de extranjería, que son del orden nacional, es constante, pero tampoco encontramos en el nivel local o de la comunidad autónoma, oficinas en las cuales recibamos orientación sobre cuestiones de extranjería o sobre acceso a derechos relevantes.

El no conocer nuestros derechos, el no saber cómo acceder a la justicia, el desconocer los alcances de la ley de extranjería, provoca situaciones de explotación a inmigrantes, como las que ocurren en el campo o en el trabajo del hogar y los cuidados. Aún estando en situación administrativa irregular, las personas tenemos derechos, como cualquier ser humano, y por eso es tan importante poder acceder de manera efectiva a ellos.

Me dirijo a los miembros del Senado para pedir espacios, líneas y oficinas de apoyo a migrantes con traductores y personas con formación y sensibilidad para tratar cada caso, que les expliquen a estas personas sus derechos y sus obligaciones. Tenemos derechos y necesitamos que nos informen sobre ellos.