Como colectivo de PTIS (Personal Técnico de Integración Social) externalizadas de Andalucía, llevamos años denunciando una situación de precariedad e injusticia laboral que nos afecta directamente, pero que también repercute de forma muy negativa en el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) al que atendemos en los centros públicos andaluces.

Somos quienes acompañamos, guiamos y damos soporte diario a este alumnado, tanto dentro del aula ordinaria como en aulas específicas. Realizamos funciones esenciales como apoyo en higiene y aseo, alimentación, movilidad, aplicación de programas educativos específicos y acompañamiento integral. En muchos casos, somos una figura fundamental para garantizar su autonomía, inclusión y bienestar dentro del sistema educativo.

Andalucía sigue siendo la única comunidad autónoma donde esta figura permanece privatizada mediante empresas externas. Hace aproximadamente 20 años, la Junta de Andalucía decidió privatizar un servicio que históricamente formaba parte del personal laboral público, permitiendo que empresas privadas gestionen un servicio esencial financiado con dinero público.

Esta privatización ha supuesto para nosotros una pérdida continuada de derechos laborales. Realizamos las mismas funciones que el personal público, pero no percibimos el mismo salario ni disfrutamos de las mismas condiciones. Además, sufrimos incumplimientos en la aplicación de convenios colectivos, subidas salariales, reconocimiento de antigüedad, trienios, desplazamientos, vacaciones y estabilidad laboral. Nuestros contratos, que deberían ser indefinidos, tampoco se respetan como tales.

Cada año, nuestros contratos finalizan el 22 de junio y no somos readmitidas hasta el 10 de septiembre (al empezar más tarde nuestra actividad no nos permite preparar y planificar el curso escolar para la correcta atención al alumnado), obligándonos a solicitar prestación por desempleo durante el verano, mientras las empresas continúan beneficiándose de fondos públicos sin asumir responsabilidades laborales reales.

Denunciamos también la dejación de funciones por parte de la Junta de Andalucía, que como administración contratante debería supervisar el cumplimiento de pliegos, convenios y derechos laborales, pese a conocer sobradamente los incumplimientos sistemáticos de muchas empresas adjudicatarias.

A lo largo de estos años hemos acumulado numerosas denuncias ante Inspección de Trabajo y juzgados. Además, comenzamos a interponer demandas por cesión ilegal de trabajadoras, ya que en nuestra realidad diaria trabajamos bajo organización, supervisión y directrices directas de los centros educativos públicos, mientras las empresas actúan únicamente como intermediarias administrativas. Aunque obtuvimos sentencias favorables, incluidas resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la mayoría de estos avances se frenaron tras los recursos interpuestos por la Junta ante el Tribunal Supremo.

Lejos de mejorar, la situación se ha agravado. Cada vez proliferan más contratos parciales de 10 o 15 horas semanales, totalmente incompatibles con las necesidades reales del alumnado NEAE, que requiere acompañamiento durante toda su jornada escolar. Esto supone no solo una mayor precarización laboral, sino también un deterioro directo de la calidad educativa y de la inclusión real.

Recientemente, además, se nos ha reclasificado mediante decreto como personal complementario en lugar de esencial. Sin embargo, esta consideración entra en contradicción con la realidad: cuando convocamos huelga indefinida y paralizamos el servicio durante meses, se nos impusieron servicios mínimos cercanos al 100 %, evidenciando el carácter imprescindible de nuestra labor.

Por todo ello, nuestras reivindicaciones son claras. Si la Junta de Andalucía decide mantener la privatización, exigimos igualdad real de condiciones laborales, salariales y de derechos respecto al personal público que realiza exactamente las mismas funciones. Y, si esto no se garantiza, reclamamos el fin de la privatización y la subrogación de todo el personal, integrándonos en el sistema público con estabilidad y derechos reconocidos.

Nuestra lucha no habla únicamente de condiciones laborales. Hablamos de calidad educativa, inclusión real y dignidad profesional. La precariedad que suyfrimos repercute directamente sobre el alumnado más vulnerable del sistema educativo andaluz, comprometiendo la atención que merece.