El Gobierno Madrileño, los municipales y todas sus administraciones deberían atenerse a una ley para contratar publicidad institucional en los medios de comunicación, tanto escritos, como digitales, según unas normas con características racionales, como por ejemplo el control de difusión, según la Oficina de Justificación de la Difusión, o cualquier otro parámetro objetivable, para evitar amiguismos, corrupción. privilegios, favoritismo, seguidismos, etc, y por el contrario favorecer una sana y crítica prensa.