¿Cómo justificar que CETA, TiSA y TTIP incluyan arbitrajes privados para que empresas puedan demandar a países por leyes democráticas?
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Pablo Zalba

Hasta el TTIP nunca se habían cuestionado


Antes hay que justificar por qué durante los numerosos debates que tuvimos en el Parlamento sobre el CETA y el TISA, nadie alertó sobre los tribunales privados de arbitraje.

¿Por qué si eran tan poco democráticos no se dio la alarma ni en el TISA ni en CETA y nadie se preocupó de ellos hasta que llegó el TTIP? ¿O es que nos caímos del guindo justo cuando llego el debate con EEUU?

 

Esta falta de crítica anterior al TTIP al ISDS demuestra que algo de antiamericanismo hay.

 

Dicho hecho esto son de agradecer las nuevas propuestas que la Comisión Europea planteó el verano pasado. Propuso reformar el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados del TTIP y sustituirlo por un nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones denominado International Court System (ICS).

 

Este misma propuesta se ha hecho a nuestros socios canadienses que la han valorado muy positivamente y las dos partes de este acuerdo están viendo la forma de encajarlo.

 

Esta cuestión todavía no se ha negociado directamente en las rondas de negociación del TTIP. Pero teniendo en cuenta que se están acelerando las negociaciones para poder cerrar el texto antes de final de año, creo que pronto abordarán la cuestión y sabremos el posicionamiento de nuestros socios americanos.

 

La propuesta de un Sistema de Tribunales de Inversiones se basa en la importante contribución del Parlamento Europeo, los Estados miembros, los Parlamentos nacionales y las partes interesadas, en la consulta pública celebrada sobre la solución de diferencias entre inversores y Estados.

 

El denominado ICS pretende garantizar que todas las partes implicadas tengan plena confianza en el sistema. La propuesta está basada en los mismos elementos clave en los que se basan los tribunales nacionales e internacionales, consagra el derecho de los gobiernos a legislar y garantiza la transparencia y la asunción de responsabilidades.

 

La propuesta del nuevo sistema de tribunales incluye grandes mejoras, como por ejemplo las siguientes:

se crearía un sistema público de tribunales de inversiones, formado por un Tribunal de Primera Instancia y un Tribunal de Apelación;
las resoluciones serían adoptadas por jueces designados por autoridades públicas y que tendrían unas elevadas cualificaciones, comparables a las exigidas a los miembros de los tribunales internacionales permanentes, como el Tribunal Internacional de Justicia y el Órgano de Apelación de la OMC;
el nuevo Tribunal de Apelación funcionaría con principios similares al Órgano de Apelación de la OMC;
se definiría con precisión la capacidad de los inversores para presentar un asunto ante el Tribunal, y se limitaría a casos concretos, como los de discriminación específica por sexo, raza, religión o nacionalidad, expropiación sin indemnización o denegación de justicia;
el derecho de los gobiernos a legislar quedaría consagrado y garantizado en las disposiciones de los acuerdos comerciales y de inversión.

 

En la actualidad existen múltiples acuerdos en los que se incluyen el controvertido sistema de arbitraje ISDS al que se refiere la pregunta. Pero creo que se trata de un falso mito en torno la TTIP. Las empresas no podrán demandar a los países por leyes democráticas en ningún caso, eso es un falso rumor, existe una garantía de los estados a legislar. Y por otro lado, debemos tener en cuenta que las empresas privadas también necesitan un marco jurídico estable en el que operar de ahí la necesidad de fijar en los tratados unos parámetros fijos.


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Pablo Zalba
 Pregunta ¿Cómo justificar que CETA, TiSA y TTIP incluyan arbitrajes privados para que empresas puedan demandar a países por leyes democráticas?

Los tratados de "libre" comercio en negociación (CETA, TiSA, TTIP) incluyen sistemas de arbitraje privado que permiten a las empresas demandar a países por leyes aprobadas democráticamente pero que pueden suponer algún tipo de perjuicio económico privado, por tanto ¿cómo es posible apoyar estos tratados si atentan los principios democráticos?

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Usuario Anónimo Usuario Anónimo
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15.06.2016

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