Gracias al compromiso adquirido por el gobierno del Partido Popular en la lucha contra la corrupción se han aprobado una serie de medidas para tener una mejor respuesta ante los comportamientos corruptos.

Durante esta legislatura y tras la reforma del Código Penal de 2015 se ha producido un aumento generalizado de las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público, en los delitos de prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, en la apropiación indebida y administración desleal cometida por funcionario público, fraudes y exacciones ilegales, entre otros.

Además del aumento de las penas, se han elevado los plazos de prescripción y, por primera vez, se ha tipificado el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, y esto lo ha hecho el Partido Popular, lamentablemente, en solitario.