Soy Mérida Quintero, y el próximo 28 de agosto se cumplirá un año de que mi expareja se llevó a mi hijo Sergio Alain, que tenía entonces 4 años de edad, y que me impide verlo o convivir con él. He acudido a todos los medios e instituciones buscando un acuerdo para que me permitan saber cómo está mi hijo, y poder verlo o reunirme con él, pero no he logrado nada. 

He buscado ayuda en todas las dependencias que han estado a mi alcance: Fiscalía de Tijuana, Centro Estatal de Justicia Alternativa, CEJA;  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, DIF;  Fiscalía de menores, Juzgado Tercero de lo Familiar, etc. No hay una respuesta que me acerque a mi hijo. 

Su papá, quien reside en Estados Unidos, viaja intermitentemente a Tijuana, y ha dejado a mi hijo al cuidado de sus padres, que son octogenarios y que viven bajo el cuidado de una persona que se encarga de atenderlos. Durante 5 años, yo toleré una relación que, ahora puedo ver, era totalmente tóxica, con violencia verbal y psicológica y sin establecer límites. Aceptando siempre la voluntad de mi expareja y creyendo que estaba haciendo lo mejor para nuestro hijo. Sin embargo, ahora, después de tomar terapia y de estar lejos de mi hijo, siento la necesidad de luchar porque me devuelvan a Sergio Alain y que, en ese proceso, las autoridades se den cuenta de que es en su hogar, donde el niño tiene que estar. 

A pesar de que mi expareja mantiene al niño en casa de sus padres; que no lo visita frecuentemente, sino cada vez que puede, que me impide verlo y que, además, incumple en asistir a las comparecencias y a cumplir lo que le han dictado las leyes, no ha habido ninguna consecuencia. 

Las últimas veces que pude acercarme a la casa de sus abuelos para mirarlo desde afuera, pude darme cuenta de que mi hijo ha subido de peso; que no sale a jugar; que lo mantienen encerrado y que poco a poco se ha vuelto retraído y triste. 

¿Por qué si hay pruebas de todo esto, y además, a sabiendas de que mi expareja no respeta lo que le ha dictado la ley, no hay una consecuencia que se incline por el interés superior del menor?

Considero que urge una ley verdadera, que sea respetada y realmente garantice la justicia y el bienestar de las niñas y niños que quedan en medio de un proceso como este, donde alguno de los progenitores impide que ese menor conviva con el otro. 

Es por eso que lanzo esta campaña de difusión, para pedir a las autoridades del estado de Baja California y a las instituciones que se encargan de revisar estos casos que no sean omisas y que privilegien el bienestar de mi hijo, su salud y su calidad de vida. Que escuchen mi voz y que legislen en favor de las niñas y niños que estén en situaciones parecidas a la de mi hijo. Creo que entre todos podemos ayudar: si recogemos 500 firmas en esta petición, los representantes políticos me responderán en la página de Osoigo. Y difundamos este testimonio con nuestros contactos de WhatsApp y redes sociales, para que muchas personas lo puedan respaldar.

¡Muchas Gracias!