Soy María del Carmen Rodríguez Cruz, madre de María Fernanda de 9 años de edad, de Abril, de 11 años, y de Luis Ángel de 14. El 1 de abril del 2019, en Hermosillo, Sonora, mi expareja se llevó a mis tres hijos después de una visita pactada, que habíamos establecido como acuerdo después de divorciarnos, en 2015. Él decidió no regresarlos a casa y desde entonces ha obstaculizado todos los intentos que yo he hecho por acercarme a mis hijos y tener algún tipo de contacto. Cada día que pasa me aleja más de ellos. Creo que mis tres hijos están siendo manipulados para que no deseen volver conmigo y considero que el daño y la violencia a la que están sometidos por todo este proceso viola sus derechos fundamentales y los daña de formas irreparables. 

Después de una vida en común de ocho años, el padre de mis hijos y yo decidimos separarnos en 2014 y un año después el divorcio se hizo efectivo. Acordamos entonces tener custodia compartida: siete días los tendría él y siete días yo. En ese lapso, mientras se firmaba el divorcio, él se llevaba a los niños los viernes por la tarde y los traía a casa los domingos. En ese periodo él comenzó a amenazarme diciéndome que mi familia no era apta para mis hijos, y que me los quitaría y nunca me los iba a regresar. En 2015 cumplió parte de ese dicho, se los llevó, pero interpuse yo una demanda por sustracción y tres días después fue obligado a devolverlos a casa. 

Mi vida se paró por completo durante estos dos años. El padre de mis hijos me ha acusado de violencia familiar y ha manipulado a los niños para que declaren confirmando esa violencia de la que, por cierto, ya he sido absuelta a falta de pruebas que lo sostengan. Él ha incumplido todo lo que tendría que hacer ante la ley. Se ha negado a llevar a mis hijos a evaluaciones psicológicas y a que reciban terapia. Mientras no estén en terapia, se me niega a mí verlos o convivir con ellos, tampoco he tenido la oportunidad de tener una comunicación fluida. 

Ahora mismo, mi expareja y yo libramos un juicio de custodia. Y yo, conociendo la conducta de él, temo por la seguridad de mis tres hijos y sobre todo por la salud mental, psicológica y física de ellos. Mi expareja tiene un proceso abierto en su contra por violencia ejercida hacia mí, pero también en contra de otra de sus exparejas, ambas demandas por su conducta extremadamente violenta. Esta es la razón de mi preocupación, cuando he expresado esto, la jueza que lleva el caso me ha dicho que esa violencia “no ha sido en contra de los menores” y los ha dejado viviendo con él.

Yo lo único que pido es volver a ver a mis hijos. Y es por ello que lanzo esta campaña, con el acompañamiento de la Asociación Niños con MaPa para pedir a las autoridades del Congreso de Sonora que escuchen mi voz y legislen en favor de las niñas y niños que estén en situaciones parecidas a la de mis hijos. Creo que entre todos podemos ayudar: si recogemos 500 firmas en esta petición, los representantes políticos me responderán en la página de Osoigo. Y difundamos este testimonio con nuestros contactos de WhatsApp y redes sociales, para que muchas personas lo puedan respaldar.

¡Muchas Gracias!