Soy Mahia Saracostt, Directora de Cátedra Unesco Niñez/Juventud, Educación y Sociedad, Fundadora de la Red de Universidades Por la Infancia, académica de la Universidad de Valparaíso y de la UFRO.

Hace más de 30 años que Chile ratificó la convención Internacional de Derechos de la Niñez y somos el único país de latinoamérica que aún no tiene una ley que garantice sus derechos. Me gustaría entender por qué nos hemos demorado tanto y  por qué hay tanta resistencia.

Las palabras de Elisa Loncón, Presidenta de la Convención Constitucional: “Un saludo a los niños que nos están escuchando, que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con todas las culturas, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una Nueva Constitución”, dan a pensar que es probable que tengamos los derechos de la niñez con rango constitucional, mientras que algunos parlamentarios por décadas se han resistido a aprobar una ley de garantía de los derechos de la niñez, en coherencia con los principios de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez.

El proyecto de ley, que reconoce a los niños y niñas como personas con igualdad de derechos y dignidad frente a los adultos y les brinda protección especial como indica la Convención, fue ingresado en 2015 y aprobado en junio del 2021. Sin embargo, ese mismo día, el Ejecutivo anunció el uso de su facultad de veto, por estimar que el principio de autonomía progresiva quedó desbalanceado respecto al derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Y además, se presentaron dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) por un grupo de diputados y otro de senadores de Chile Vamos.

Esta ley tan importante se ha visto trabada ante el miedo al principio de autonomía progresiva, que permite a los niños participar, considerando su madurez, en los aspectos que les competen a su vida y no en contradicción con los padres. Hay quienes piensan que los niños van creciendo y se hacen autónomos, o bien prima el deber de los padres de educarlos, y no es lo uno o lo otro.

Por otro lado, el Estado chileno tiene una deuda histórica con los niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones de derechos, no solo en el ex Sename, sino también en el sistema de salud y educación, ya que no han tenido una adecuada reparación.

Para obtener una respuesta de las autoridades pertinentes, necesito el apoyo de todos ustedes, ya que si conseguimos 250 apoyos en Osoigo, nos tendrán que dar una respuesta en esta misma web. Ayúdame haciendo clic en el botón “apoyar” y difundiendo, por los niñas, niños y adolescentes de Chile.