Mi nombre es Catalina y doy inicio a esta campaña en Osoigo por mi madre, Rozío, que murió el 7 de junio del 2021 por una negligencia médica.

Me he demorado casi cinco meses en escribir sobre su caso. Es doloroso entrar en detalles y me da mucho pudor exponerme así. No lo hago por mí. Lo hago por ella, que se fue en un silencio que no merecía.

Rozío tenía 45 años y había nacido en Gorbea, un pueblo en la Región de la Araucanía. Tenía muchos planes para una vida que recién estaba iniciando junto a una nueva pareja, que la amaba y la respetaba.

En el 2009 tuvo sus primeras consultas relacionadas a complicaciones respiratorias. Tuvo muchos diagnósticos fallidos y recién en 2014 le dijeron que tenía una inmunodeficiencia común variable, una enfermedad rara, que pocos conocen. Tras muchos años de hospitalizaciones, una doctora del hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco le habló sobre un esperanzador tratamiento en el instituto nacional del Tórax en Santiago.  Debía ir a inyectarse las defensas que su cuerpo no generaba.

Fueron años complicados, donde mi madre debía compatibilizar trabajo, estudios y la crianza de tres hijas sola. 

Todo siguió con mediana normalidad hasta marzo del 2020, cuando fue a la capital a recibir su tratamiento. Le dijeron que no podía seguir atendiéndose ahí, porque el instituto solo iba a funcionar para casos Covid. Ella sería derivada formalmente a Temuco. 

En Temuco empezó todo el calvario. En la ciudad no había especialistas ni establecimientos de salud acreditados para suministrar los tratamientos que Rozío necesitaba. Todo esto a pesar de estar dentro de la Ley Ricarte Soto. 

Realizamos reclamos a la Superintendencia de Salud, a Fonasa y a todas las instituciones pertinentes. Nunca recibimos una respuesta oportuna. En el hospital, mi madre habló con su médico, quien debía activar la ley Ricarte Soto para solicitar un nuevo traslado.

Eso nunca sucedió. El médico se excusó muchas veces, señalando que no tenía idea de la enfermedad. Una vez humilló a mi mamá, diciéndole que se fuera para la casa, que no tenía nada que hacer en el hospital por que desconocían la enfermedad y que había pacientes en peor estado debido a la pandemia. 

Mi madre lloraba para que la ayudaran, pero nadie hacía caso. Nunca hubo derivación desde Santiago y nunca se envió su caso a comisión médica.

Ella murió el 7 de junio. Segú su certificado de fallecimiento, fue por un shock distributivo refractario/falla hepática fulminante/síndrome distress respiratorio/hepatitis autoinmune/inmunodeficiencia común variable. Todo esto fue provocado por la falta de tratamiento. Mi mamá se fue por que nunca se la tomaron en serio y nunca le hicieron caso. 

No quiero exponer el nombre del médico que tenía la responsabilidad de atender a mi mamá, porque nos puede traer repercusiones, pero sí podemos una vez más hablar de lo horroroso que es el Hospital Regional Doctor Hernán Henríquez Aravena, que una vez más se carga una vida.

A mi mamá no la mató la pandemia, la mató el sistema público, existen excelentes médicos en este país, como también “profesionales” sin criterio y que salen al campo laboral sin la experiencia suficiente.

Le prometí hacer esto, como hij@s lo único que podemos hacer ahora es ser la voz de alguien que ya no está para defenderse. Iniciamos el proceso legal, pero creo justo hacer esto en honor a mi mamá, porque lo que ocurrió podría haberse evitado.

Es por esto que le queremos preguntar a las autoridades regionales: ¿Cómo puede pasar esto en un hospital público y por qué nadie se hace cargo de lo que sufrimos como familia?

Necesitamos que nos ayuden. Si reunimos la cantidad de firmas necesarias, las autoridades nos van a dar una respuesta en Osoigo. ¡Firma para que nadie más sufra por las negligencias médicas en el sector público!