Soy Ivonne Daniela Flores Mustre, originaria del estado de Puebla. En 1998, cuando yo tenía 15 años de edad, conocí al que ahora es el padre de mi hija, y con quien, desde entonces, mantuve una relación donde fui víctima de violencia sexual, económica y psicológica. Después de años de cambios de residencia, nos establecimos en México en 2017 y, en 2018, cuando yo quise separarme, llegamos a un acuerdo de custodia en donde ambos teníamos a mi pequeña tres días y medio, cada uno. Hasta que tras una de esas convivencias pactadas, en octubre de ese año, mi expareja ya no la quiso regresar a casa, e interpuso una orden de alejamiento en cuestión de días que se hicieron efectivas de forma acelerada, como nunca he visto durante un proceso legal de custodia. 

Desde entonces que no he podido encontrarme con mi hija, y hasta hace solo unas semanas pude lograr que se me permitiera tener videollamadas con ella. Mi historia con el padre de mi hija empezó hace más de 20 años, cuando tuve un intercambio escolar en Francia y lo conocí. Yo entonces no tenía idea de que estaba siendo violentada en esa relación que continuó en España, Francia e Inglaterra siempre por necesidades de mi expareja, de sus presuntos negocios que yo nunca tenía claros y sobre los que él siempre me mantenía al margen o me mentía sobre ellos.

La violencia e incomodidad de la vida en común fue a más con el paso de los años y terminó por detonar en que me quitara a la niña con ayuda de amigos suyos, abogados mexicanos y, tal y como él mismo me lo dijo, sobornando a personas para que interpusieran y aceleraran los procesos legales para que no se me permita ver a mi hija. 

Mi expareja llegó a ofrecerme una cantidad de dinero para “renunciar a mi hija” y me amenazó y acosó a mi familia hasta que, en 2018, yo decidí negociar un acuerdo de custodia con él, también gracias al consejo de mis abogados de entonces, quienes, después de un tiempo, también descubrí que los había sobornado.

Una vez establecidos en México, el padre de mi hija fue encarcelado en Nayarit, en octubre de 2019, porque cometió un fraude. Enseguida acudí con la jueza del Segundo de lo Familiar, María de los Ángeles Muñoz Cortés, que llevaba nuestro caso y le pedí que me informara sobre dónde y con quién estaba mi hija. Ella me aseguró que estaba con los abuelos y que ahora yo tendría que pelear la guarda y custodia con ellos. Fue imposible tener acceso a más información. Él tiene la guarda y custodia provisional desde el 2018. 

En una diligencia, pude ver a mi pequeña. Tenía quemaduras en el cuello, llagas en la boca, los dientes se le cayeron de forma prematura, y noté que claramente no está creciendo correctamente. Cuando le pude preguntar por qué tenía marcas, por ejemplo, en sus muñecas ella respondió que tenía muchas más heridas. La psicóloga Silvia Elizabeth Pérez Vignola y la jueza Muñoz Cortés que estaban presentes no dijeron absolutamente nada. Se me ha acusado de cosas falsas para poder mantenerme alejada de ella, se me ha acosado no solo mi expareja sino judiciales y personas extrañas. 

En este contexto, y con la firme convicción de tejer redes de apoyo entre madres que pasamos por esta situación, he recibido apoyo y acompañamiento del colectivo del que formo parte: Cam-Cai.

Es por eso que llamo a las y los políticos del Congreso del estado de Puebla, para que esclarezcan el proceso legal en donde mi expareja asegura que ha “comprado” a abogados, jueces y ministerios públicos y por lo que me ha pedido que “me dé por vencida”. Que así como han acelerado todas sus peticiones, hagan caso a las mías, para poder ver y cuidar a mi hija. Y en ese sentido, considero que todos podemos contribuir para lograrlo: si recolectamos 500 firmas en Osoigo, los representantes políticos en del Congreso del estado tendrán que dar una respuesta a mi pregunta. Y para que el mensaje llegue a más personas, pido que esta campaña se difunda por WhatsApp y en todas las redes sociales.

 ¡Muchas gracias!