En agosto de 2014 la señora que se encargaba de cuidar de mis hijas cuando yo salía a trabajar comenzó a pedirme más dinero por realizar esa tarea, y, ante mi negativa, decidió que era mejor llevar a mis dos niñas, Guadalupe, de 2 años y Jaqueline, de 3, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias  (DIF), de Celaya, Guanajuato. Un día volví del trabajo y ella se las había llevado. Cuando yo acudí a esa institución pública para que me explicaran el porqué las habían recibido y por qué las mantenían ahí sin dejarme verlas, recibí todo tipo de excusas y no he vuelto a ver a mis niñas y tampoco nadie me ha dicho en dónde están y por qué fueron retiradas de mi lado. 

Al llegar al DIF de Celaya, me pidieron que hiciera una serie de pruebas psicológicas y físicas para que me dejaran ver a mis hijas. El proceso duró cerca de dos meses, tiempo en el que no me permitieron ver a las niñas porque supuestamente les causaría algún tipo de trauma. Pero algunos empleados de ese centro trataron de orientarme y de guiarme para poder tener noticias de ellas y de que por fin pudiera verlas y saber cómo estaban. Sin embargo, esas personas que trataron de ayudarme para que yo pudiera agilizar el encuentro, fueron rápidamente despedidas, y me quedé prácticamente sola y sin una sola respuesta sobre lo que pasó. 

La señora que me quitó a las niñas interpuso una denuncia por abandono, pero esto nunca se comprobó, ya que yo no las abandoné, ni las trataba mal. Ellas estaban bajo mi cuidado, y yo trabajaba para darles a ellas y a mi otro pequeño, que ahora tiene 15 años, una mejor vida. La entonces directora del DIF habló conmigo y me dijo que las niñas estaba mejor ahí, y que por más de que yo insistiera en recuperarlas no me las iban a devolver. Yo entonces caí en una profunda depresión y en una desesperación extrema. Estuve en la cárcel durante un año y diez meses por un delito que, posteriormente, resultó infundado y del que fui absuelta  sin antecedentes penales. Durante este tiempo el DIF abrió un juicio del que nunca fui notificada ni yo ni nadie de mi familia. Nadie me mantuvo informada y en ese tiempo las dieron en adopción. Yo tengo la seguridad que desde que entraron al DIF ya las tenían canalizadas para una adopción. 

Me pregunto, si yo era la del problema, ¿Por qué mis hijas no fueron entregadas a su tía, o a algún otro miembro de la familia? ¿Si el problema era que yo ganaba poco, por qué no las entregaron con algún otro de mis familiares? ¿Por qué todo se hizo en secreto y por qué no nos quieren dar ningún tipo de información? Nunca me dejaron verlas, nunca me permitieron saber cómo estaban, ni en dónde.

Es por eso que he iniciado esta campaña en Osoigo, porque deseo pedirles a nuestros representantes políticos del Senado de la República, que me ayuden a tener noticias de mis hijas, que están a punto de cumplir 12 y 13 años. Por favor, ayúdame a firmar y a difundir esta campaña por todos tus grupos y contactos de WhatsApp y Redes Sociales. Si consigo 500  apoyos, esta pregunta llegará a políticos de distintos partidos del Senado de la República, los cuales me tendrán qué dar una respuesta en esta misma web.