Soy Geovaldis González, líder de la comunidad de Santo Domingo de Meza e interlocutor del proceso de Marchantes Étnicos Campesinos de Montes de María. A través de Osoigo Colombia quiero contar por qué está en riesgo está la educación de al menos 300 niños y jóvenes de Santo Domingo de Meza, zona rural del corregimiento de El Carmen de Bolívar en los Montes de María, una región del Caribe colombiano habitada, en su mayoría, por víctimas del conflicto armado.

En 2020, como en las demás instituciones educativas de nuestro país, las clases se impartieron a distancia y con el apoyo de cartillas, que en ocasiones no llegaron a tiempo a nuestros territorios. Para nadie es un secreto que aquí no hay buena señal de Internet ni conectividad en las escuelas, por lo que gran parte de los estudiantes de las veredas Camarón y El Milagro no tuvieron contacto con sus docentes e incluso, tenemos registros de que varios de ellos abandonaron la educación porque prefirieron dedicarse a acompañar a sus familias en las labores del campo. 

Llegó 2021, y con la llamada nueva normalidad, las familias de nuestras veredas se entusiasmaron porque había la posibilidad de regresar a las aulas. Sin embargo, ante la ausencia de infraestructura y condiciones de bioseguridad para las clases presenciales, la comunidad decidió no enviar a sus hijos, sobrinos y nietos a los colegios, cuando inició la alternancia en el mes de julio. 

Son al menos 300 estudiantes, de todos los grados, quienes deben hacinarse en tres salones. No hay baños, programa de alimentación escolar ni ventilación para evitar el contagio por COVID-19. Para rematar, las lluvias de la zona dejan constantemente los pupitres bajo el agua. 

Y a pesar de que llegamos a múltiples acuerdos con diferentes entidades del Gobierno Nacional y Departamental, quienes nos han escuchado y se han comprometido a mejorar la infraestructura educativa con el objetivo de que los estudiantes no pierdan más clases, no hemos evidenciado cumplimiento de ningún tipo, solo hay un proyecto de aulas prefabricadas sin mayores avances. Los estudiantes volvieron después de un mes de negociaciones y protestas al colegio, pero siguen en riesgo. 

Nuestros niños y jóvenes son pobres, algunos deben caminar 3 kilómetros o más para asistir a la escuela, pero tienen las ganas para culminar sus estudios. El problema es que estas circunstancias no están en sus manos y los ponen en peligro de dejar la escuela y dedicarse solo al trabajo de campo. 

Por estas razones, le pedimos a las autoridades competentes que cumplan con el Acuerdo de Paz y con la implementación de una Reforma Rural Integral que le apunte a la educación con docentes capacitados e instalaciones decentes, a la disminución de la brecha entre el campo y la ciudad y claro, al cumplimiento de la Constitución Política donde están plasmados nuestros derechos como colombianos. La educación debe ser completa y para todos. 

Como líder de la comunidad, hoy invito a todos los colombianos interesados en la educación rural y en la niñez colombiana a firmar esta petición y a compartirla con sus conocidos. Así, reuniremos 350 firmas y el Congreso de la República nos responderá en Osoigo Colombia: ¿Cómo se cerrarán las brechas entre las instituciones del campo y la ciudad?

¡Contamos con sus firmas para que nuestros dirigentes cumplan sus compromisos con las zonas más apartadas de Colombia!