Nosotros somos la Federación Regional Uniones Comunales de Clubes de Adulto Mayores (FRUCAM) y queremos hacer una pregunta al Ejecutivo y al Parlamento sobre la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores.

Esta Convención fue ratificada por el Estado chileno en octubre del 2017. Sin embargo, a cuatro años de esa fecha, vemos que estos principios no se han practicado en lo absoluto. En el gobierno de Sebastián Piñera no ha habido interés ni voluntad política para aplicarlo. Lo han ignorado.

Nosotros estamos conscientes de que se necesita tiempo para analizar este tipo de políticas. El gobierno tuvo una gran oportunidad de cambiar las cosas el 20 de octubre del año pasado, cuando enviaron el proyecto de ley sobre el envejecimiento positivo. Esa fue una señal errónea porque, en vez de sustentar la Convención, la toca tangencialmente y la vulnera. Estamos muy en contra de este proyecto. Es como un atentado a las personas mayores.

La gran diferencia es que el proyecto del gobierno habla de fortalecer la institucionalidad del Senama. Y nosotros consideramos que el Senama es un estamento totalmente obsoleto. Lamentablemente,  funciona al antojo de los gobiernos de turno. Se ha transformado en un instrumento político. Ya cumplió su etapa. 

La Convención ya no habla del adulto mayor, sino que de personas mayores. El término adulto mayor, acá en Chile, a veces era peyorativo o discriminatorio. Hay que superar ese término. Tiene 27 artículos que aseguran que se cumplan los derechos humanos de las personas mayores. Así, problemas como el acceso a la salud, pensiones o vivienda serían superados.

El problema es que no tenemos ni participación, ni vinculación ni incidencia en las políticas públicas que atañen a las personas mayores. El consejo asesor del Senama está integrada por distintas organizaciones sociales, pero no son suficientes. El proyecto de envejecimiento positivo fue consultado a 200 personas aproximadamente. Según el último censo somos 3.800.000 de personas mayores. No es representativo. 

Esta realidad debe ser superada. Por eso le preguntamos a los parlamentarios y al Ejecutivo: ¿Por qué tanta reticencia a aplicar la Convención Interamericana de Derechos de las personas Mayores?

Necesitamos el apoyo de todos y todas. Si conseguimos las firmas necesarias, los políticos nos van a dar una respuesta. ¡Firma por las personas mayores en Chile!